Derivado de la difusión de información imprecisa sobre la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informa los principales alcances y objetivos de esta propuesta, presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Esta iniciativa tiene tres propósitos fundamentales:
• Fortalecer y garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, mediante una distribución clara de competencias entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, asegurando el consumo personal y doméstico; así como el impulso a la profesionalización de los organismos operadores.
• Recuperar la rectoría del Estado en la gestión del agua, con el fin de garantizar la seguridad hídrica de las generaciones presentes y futuras.
• Ordenar el régimen de concesiones, para asegurar una distribución equitativa de los recursos hídricos, brindar certeza jurídica, evitar el acaparamiento y sancionar los actos de abuso, ilegalidad y corrupción en el manejo del agua.
Con la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, el ejecutivo federal propone que no se considere el agua como una mercancía, eliminando la transmisión entre particulares y el cambio de uso sin autorización de la Conagua.
Se promueve una gestión eficaz y sustentable de los recursos hídricos, así como la responsabilidad compartida entre autoridades y concesionarios. Además, la iniciativa, impulsa el reúso del agua bajo principios de sustentabilidad, sostenibilidad y protección ambiental.
Es importante subrayar que la iniciativa respeta plenamente los derechos del sector agrícola, manteniendo la autonomía de los Distritos y Unidades de Riego en la administración de las aguas que tienen concesionadas, conforme a sus propios reglamentos.
De esta manera, se aclara que con esta iniciativa:
• No se desaparece la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por el contrario, se fortalece su papel institucional y técnico.
• Con la emisión de esta Reforma, todos los usuarios que tienen un título vigente, conservarán los derechos que le fueron concesionados. Ninguna Ley es retroactiva.
• Se conserva la regla de que las prórrogas de los títulos de concesión se otorguen hasta por el mismo tiempo y características.
• No se promueve la especulación ni la expropiación de títulos de concesión; por el contrario, se busca dar certeza jurídica y consolidar el compromiso del Estado en la gestión de las aguas nacionales.
• No se vulneran los derechos del campo; se impulsa la tecnificación del riego y el acceso a programas de apoyo como el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica para Uso Agrícola (PEUA).
• Se elevan las sanciones administrativas por el mal uso y manejo del agua y se tipifican los delitos hídricos, sin criminalizar a los usuarios; solo se establecen medidas para prevenir prácticas que afecten la distribución y disponibilidad del agua, especialmente, aquellas que lucran con la necesidad de este recurso o den lugar a actos de corrupción.
Con esta iniciativa, el Gobierno de México reafirma su compromiso de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento para todas y todos.
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