LO CLARO. La Máxima Casa de estudios, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, abre una puerta al futuro con la nueva Licenciatura en Educación y Tecnologías Emergentes.
Un programa que se cursa completamente en línea y que busca formar a los nuevos educadores digitales. Además de enseñar a usar herramientas tecnológicas, su visión será aprender a pensar la educación desde otro lugar; con creatividad, innovación y un sentido humano en medio de la era virtual.
La propuesta representa un cambio profundo en la manera de entender la enseñanza. Acerca la universidad a quienes, por trabajo o distancia, antes no podían estudiar. Y al mismo tiempo responde a una realidad donde las pantallas y las plataformas ya forman parte del aula. Es una apuesta por preparar profesionales que sepan diseñar y conducir proyectos educativos capaces de adaptarse a los cambios constantes del mundo digital.
Con esto, la UAT muestra que la educación no solo debe seguir el ritmo de los tiempos, sino adelantarse a ellos. Esta carrera marca un punto de encuentro entre la tecnología, la pedagogía y la posibilidad de transformar la sociedad desde el conocimiento.
LO OSCURO. En México, el tema de los derechos humanos se convirtió en una promesa que se pronuncia con solemnidad, pero se ejecuta con indiferencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue creada el 6 de junio de 1990 como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.
Tras una década de trabajo, el Congreso la elevó a organismo constitucional autónomo en 1999, al reformarse el artículo 102, apartado B de la Constitución. Su nacimiento marcó un hito; por primera vez se institucionalizaba la defensa de las víctimas frente al poder del Estado. Sin embargo, el entusiasmo inicial pronto se topó con un muro. Sus resoluciones no eran -NI SON- vinculantes.
El país reformó su marco legal una vez más en 2011, con una de las transformaciones constitucionales más ambiciosas de su historia. El artículo 1° obligó al Estado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo con los tratados internacionales firmados por México. Se estableció que todas las autoridades, sin excepción, debían prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones. La expectativa era que este cambio convirtiera la letra en acción. Pero nada de eso alteró la esencia de la CNDH; su función siguió siendo la de recomendar, no sancionar.
Durante la primera década del nuevo milenio, la CNDH alcanzó cierto esplendor. Sus informes eran seguidos por los medios, sus recomendaciones sacaban a la luz abusos del poder y su presidente tenía un peso moral innegable. Las estadísticas mostraban que más del 90 % de las recomendaciones eran “aceptadas” por las autoridades, aunque esa aceptación no significara cumplimiento. La aceptación era diplomática, pero rara vez se traducía en sanciones. El resultado fue un desgaste progresivo de la institución. Se volvía cada vez más un buzón de quejas sin consecuencias.
En 2020, la CNDH emitió 103 recomendaciones, de las cuales once correspondían a violaciones graves. Entre 2019 y 2024 recibió más de 81 mil expedientes; concluyó casi el 90 % de ellos, pero la mayoría se resolvió mediante atención “inmediata” o “preventiva”, sin llegar a procesos judiciales ni reparaciones efectivas. En paralelo, su presupuesto -que para 2025 asciende a 1 ,722 millones de pesos- mantiene viva su estructura, pero no su impacto. Se trata de un gasto operativo sin poder coercitivo; una maquinaria que registra agravios, pero no dicta justicia.
El olvido actual de los derechos humanos en México tiene también una raíz política. La CNDH -que alguna vez fue un contrapeso-, se ha visto envuelta en controversias por su cercanía con el poder y por su pasividad ante la militarización, las desapariciones y los ataques a periodistas. En un contexto donde las cifras oficiales hablan de más de 110 mil personas desaparecidas y miles de víctimas sin reparación, su silencio pesa tanto como sus informes. La confianza ciudadana se ha desmoronado; las víctimas siguen recurriendo al organismo, pero con la certeza de que su única recompensa será una recomendación más que nadie cumplirá.
La causa de fondo es estructural. La Constitución prohíbe que la CNDH imponga sanciones o medidas coercitivas. Solo puede “nombrar y avergonzar” a las instituciones violadoras de derechos, un mecanismo que depende de la opinión pública, no de la ley. Y cuando la sociedad deja de escuchar, el escándalo se extingue junto con la presión política. Los casos se judicializan por otras vías (fiscalías, tribunales o instancias internacionales) y la comisión queda reducida a un papel de observadora.
Así, a treinta y cinco años de su fundación, México conserva un organismo visible pero simbólicamente desgastado. Su creación en 1990 representó una esperanza; su autonomía en 1999, una conquista; su reforma de 2011, una promesa de modernidad.
Pero el paso del tiempo la convirtió en un eco del sistema que buscaba vigilar. Hoy, en un país donde los derechos humanos se enuncian más que se garantizan, la CNDH sobrevive como un recordatorio incómodo de que el Estado mexicano aprendió a institucionalizar la defensa de las víctimas… sin renunciar a su impunidad.
COLOFÓN: La sentencia de la sociedad es única “Los derechos humanos, son para los humanos derechos” ¿Nos convierte su inexistencia en No derechos? Bueno, ni el INE ni el de Transparencia se salvan del mismo camino.
Letra muerta.
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@deandaalejandro
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