El asesinato de Javier Vargas Arias, empresario citrícola de 43 años, encendió las alarmas entre productores de naranja en la región norte de Veracruz y se suma a una serie de agresiones contra líderes agrícolas a nivel nacional, como el reciente asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, en Michoacán.
El ataque armado, perpetrado en plena vía pública mientras realizaba actividades comerciales, no solo representa una pérdida, sino que reaviva el temor latente entre quienes trabajan la tierra en un contexto de violencia en los campos agrícolas y ganaderos del norte de Veracruz, asechados por las organizaciones criminales Mafia Veracruzana y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En Álamo, donde la citricultura es motor económico y símbolo de identidad, los productores viven la tragedia de haber perdido una gran extensión de cultivos de naranja y mandarina que estaban a punto de cosechar, la poca que han podido rescatar estaban entregándola al empresario que acaba de ser asesinado.
Estaba esperando con mi papá al que nos iba a comprar la cosecha, la poca que pudimos salvar, pero ya no llegó, lo mataron”, contó Ana, quien desolada narró que viven atemorizados por el acoso de las bandas criminales y ahora que no cuentan con recursos cuestiona qué es lo que exigen, “¡Están viendo el desastre!”, lamentó.
Las lluvias torrenciales registradas provocaron una de las peores afectaciones a viviendas y al cultivo de cítricos en Álamo Temapache, considerado la capital mundial de la naranja. De acuerdo con los productores locales, se estima que más del 80% de las 80 mil hectáreas sembradas fueron dañadas, lo que representa una pérdida de más de 64 mil hectáreas.
A estas cifras habría que especificar que esas hectáreas son las que actualmente se trabajan, porque en una reciente entrevista, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rodrigo Calderón, dijo que la producción se desplomó en un 40 por ciento, lo cual habla de la magnitud de las pérdidas que vienen padeciendo.
Los productores vieron perdidas las cosechas y en algunos casos hasta sus camiones, pues el día de la gran inundación sus camiones que quedaron atrapados en la báscula, cuando hacían fila para vender su producción.
El miedo se ha instalado entre productores, jornaleros y comerciantes. “Ya no basta con cuidar la cosecha, ahora hay que cuidarse uno mismo”, comenta un líder y productor citrícola, en medio de la incertidumbre que les genera.
Javier Vargas Arias fue asesinado la mañana del miércoles, a las 5:30 horas, cuando se encontraba vigilando la banda con la que cargan y descargan las toneladas de naranja y mandarina. La poca que han podido recolectar estaba lista para ser enviada a la comercialización y poder levantarse rápidamente. El empresario era reconocido precisamente por impulsar prácticas sostenibles y apoyar iniciativas comunitarias.
Los productores locales acusaron que no basta con la tragedia que viven después de la devastación por los fenómenos naturales, sino que también hay que lidiar con la delincuencia organizada que insiste en extorsionarlos.
No hay piedad, no ven lo que sucedió que casi lo perdimos todo. Encima, nos sangran con estos cobros ilegales y aunque se diga que las autoridades van a actuar con la denuncia anónima, hay amenazas contra nosotros y nuestras familias”, explicó un productor citrícola que ha solicitado cuidar la identidad de las personas, porque hay una creciente violencia en contra de quienes denuncien y después de lo ocurrido con Javier Vargas, quedaron aún más atemorizados.
El pasado mes de julio, Álamo fue noticia internacional tras el secuestro y asesinato de la profesora Irma Hernández, quien tras jubilarse comenzó a manejar su taxi para allegarse de más recursos; los grupos delictivos exigieron que cubriera cuotas por “cobro de piso” y se negó a contribuir, la consecuencia fue mortal.
Todos los taxistas e incluso los operadores de motocicletas repartidoras son obligados a entregar cuotas”, replicaron.
Los productores aseguraron que el problema de Álamo no es igual al de Michoacán, pues acá el pago es por supuesta “protección” a los empresarios y productores agrícolas, “en cambio en Michoacán les pretenden imponer el precio y quedarse con un porcentaje”, dijo uno de los entrevistados.
La Asociación de Citricultores de la región ha emitido un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para reforzar la seguridad en zonas productivas. El gremio recuerda otros episodios de violencia que han quedado impunes, y exige que este caso no se sume al archivo del olvido.
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