El administrador general de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Erick Jiménez Reyes, advirtió que la Ley Aduanera requiere modificaciones urgentes para detener prácticas indebidas e incluso ilegales que afectan la seguridad nacional, la economía y la recaudación fiscal.
Durante una reunión de trabajo en la Cámara de Diputados con legisladores de la Comisión de Hacienda, funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el funcionario explicó que los cambios buscan cerrar espacios de evasión y elusión fiscal, así como reforzar el control sobre importadores, agentes aduanales, almacenes generales de depósito, recintos fiscalizados y empresas IMMEX.
Las reformas tienen como objetivo garantizar una recaudación efectiva acorde a la realidad de las operaciones que realizan los contribuyentes y los entes de comercio exterior, evitar prácticas de evasión y elusión fiscal, combatir delitos como el contrabando y proteger la economía, la seguridad nacional y la salud pública”, señaló Jiménez Reyes.
Entre las propuestas destacan la eliminación de excluyentes de responsabilidad para los agentes aduanales y el establecimiento de nuevos requisitos como exámenes de confiabilidad, certificaciones periódicas y un plazo limitado para ejercer la patente.
Asimismo, se plantean mayores controles a los Almacenes Generales de Depósito y Recintos Fiscalizados Estratégicos, para impedir que mercancía ingrese sin pagar contribuciones o incluso que se introduzcan productos prohibidos al país.
Durante la reunión, Jiménez Reyes informó que, de enero a agosto de este año, se realizaron 205 verificaciones con las que se embargaron 4 mil 564 millones de pesos en mercancías ilegales, además de integrarse 109 expedientes penales con un perjuicio al fisco por 22 mil 843 millones de pesos.
El SAT también solicitó la cancelación de 60 patentes aduanales y la suspensión de más de 22 mil contribuyentes del padrón de importadores por irregularidades fiscales.
Junto con los cambios legales, ya se aplican medidas adicionales como el incremento de aranceles en mensajería y paquetería, la cancelación de empresas certificadas con créditos fiscales y nuevas causales de sanción para programas IMMEX”, dijo el funcionario.
Agregó que el objetivo central de estas reformas es asegurar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones y evitar que productos de bajo costo y procedencia ilícita perjudiquen a los sectores productivos nacionales como el textil, el calzado y los hidrocarburos.
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