Con el propósito de endurecer las sanciones en delitos relacionados con la adquisición, fabricación y uso de drones para arrojar objetos, armas y sustancias químicas que puedan ser utilizadas como explosivos, el diputado Mario Alberto López Hernández (PVEM) presentó una iniciativa de reforma a los artículos 163 Bis y 163 Ter del Código Penal Federal.
El documento, turnado a la Comisión de Justicia, plantea en el artículo 163 Bis imponer prisión de veinte a treinta años (la actual es de diez a veinte) sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten, a quien, mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia arroje cualquier objeto o artefacto explosivo.
Asimismo, artefactos explosivos improvisados o armas y sustancias químicas que, por sí solas o combinadas, sean susceptibles de ser empleadas como explosivos sobre otras personas o bienes, o impacte a alguna persona o propiedad con el propósito de causar daño.
En el artículo 163 Ter establece prisión de diez a trece años (la actual es de cinco a diez) a quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapte aeronaves pilotadas a distancia para el transporte de artefactos explosivos, artefactos explosivos improvisados, armas, narcóticos, drogas sintéticas o demás materiales regulados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Argumenta que la normativa vigente no sanciona de manera eficiente y proporcional las conductas que ocasionan un daño o perjuicio de las personas o bienes que se causan con dichos sistemas, por lo que resulta necesario incrementar las penas para este tipo de conductas que ponen en riesgo la vida de la población y afectan la función del Estado en materia de seguridad nacional.
Explica que los drones son utilizados por organizaciones de narcotráfico para transportar drogas de manera más eficiente y sigilosa, aprovechando la tecnología de estos artefactos para evadir controles y llegar a destinos específicos sin ser detectados fácilmente.
Además, se utilizan para atacar a grupos criminales rivales, lo cual genera que la sociedad quede inerme ante este tipo de enfrentamientos.
Indica que combinar avances tecnológicos con actividades ilícitas representa un gran desafío para las autoridades, pues complica las tareas de vigilancia y control en las zonas afectadas, y constituye un tema complejo y preocupante.
Refiere que existen iniciativas para reformar el Código Penal Federal y a Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de sancionar el uso indebido de drones, ya que los grupos delictivos compran estos equipos en plataformas digitales o, inclusive, los mandan a hacer con características específicas que permiten cargas de droga de hasta 100 kilos.
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