Los socorridos temas relativos al huachicoleo fiscal, el tráfico ilegal de combustible y la misteriosa muerte de presuntos involucrados, dejaron espacio este miércoles a la tragedia padecida por un sector de la población en la CDMX debido a la explosión de una pipa cargada con 50 mil litros de gas LP (licuado de petróleo), que a la hora de escribir esta columneja sumaba 8 muertos y noventa heridos, algunos considerados de pronóstico reservado debido a su estado, por lo que el número de decesos podría aumentar.
Es opinión general que el hecho pudo evitarse. En este sentido existe responsabilidad de las autoridades considerando que el vehículo en cuestión no debió transitar por un área densamente poblada y menos cargada con materiales peligrosos. (Y deje que ni siquiera los seguros están en regla). Está prohibido y sin embargo es letra muerta como son todas aquellas disposiciones dictadas por la burocracia importa-madrista desde la comodidad de las oficinas públicas. Si me permite, aquí cabe una expresión grosera, pero real: “¡qué se joda Juan pueblo quien le manda ser pobre!”.
Sucede lo mismo con los armatostes que circulan con el engañoso letrero “doble semirremolque”, cuando desde hace unos veinte años fueron prohibidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT por sus siglas en español). Incontables son los accidentes provocados, mismos que han servido para maldita la cosa. Por el contrario, el problema se multiplica por santo y gracia de la corrupción. Primero el negocio entre empresarios y funcionarios y después la protección ciudadana. Y ni modo que sea invento.
El asunto es que una vez más muchas familias lloran la desgracia. Las escenas y los testimonios son impactantes. Imaginemos el dolor físico de quienes tuvieron la mala suerte de pasar o estar a la hora y el lugar equivocado. Nadie merece sufrir por culpa de otros porque no fue solo la estupidez del conductor al que por cierto reportan grave, sino aquellos cómplices que con su firma avalan el derecho a matar sobre el asfalto.
Hasta ahora los glorificadores del poder han eludido tocar a Clara Brugada la Jefa de Gobierno que ante la opinión pública aparece como la principal culpable. No basta con ofrecer “apoyo irrestricto” a las víctimas y sus familias cuando la prevención estuvo ausente. Justo ella fue alcaldesa de Iztapalapa, ¿ignoraba lo que podía suceder en el ahora tristemente célebre “Puente de la Concordia”?. ¿Y qué tal los “cerebros” de la Federación perdidos en “transformaciones” que confunden, molestan y dificultan la existencia de la
mayoría mexica como la actualización del CURP o el obligado registro de celulares con fuerte olor a espionaje y práctica dictatorial?.
El de la voz reconoce la dimensión del esfuerzo de Claudia Sheinbaum para lograr la justicia social en todos sus aspectos, pero pareciera que en tal cruzada pocos, muy pocos la acompañan. Ya ve lo que pasa en la Secretaría de Marina, el Congreso de la Unión y la falta de solidaridad de incontables morenistas empeñados en practicar la soberbia y saborear generosa dosis de abundancia como si se tratara de una competencia entre capitanes del capitalismo rodeados de pobreza.
Sucesos como la explosión de una pipa de gas en el medio urbano y otros de orden cotidiano, muestran absoluto desprecio a la seguridad del pueblo. Lamentablemente pareciera que es lo último que importa a regímenes electos bajo la esperanza del cambio que tarda en llegar, sobre todo cuando se negocia con la muerte.
SUCEDE QUE
Para los que creían pronto ver tras las rejas a Mario Gómez Monroy, sentenciado a distancia a 19 años por peculado y ejercicio ilícito del poder, sepan que el secretario de Educación Cabecista abandonó Reynosa y vive en su nueva residencia en Mission Texas. Y dicen que igual de “mortificado” que su ex jefe.
Y hasta la próxima.
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