Con 28 votos a favor y 9 en contra, diputados aprobaron dictamen que tiene como propósito homologar las disposiciones sobre prisión preventiva establecidas en la Constitución Política General, proponiendo la adición de un párrafo tercero al artículo 19 de la Constitución de Tamaulipas, a efecto de asentar de manera precisa y clara dicho contenido de la Carta Magna.
La acción legislativa promovida por el legislador local, Isidro Vargas Fernández, establecía que a manera de antecedente, debemos referir que en fecha 31 de diciembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa1, donde se regula de manera clara esta figura, definiendo los supuestos para su aplicación, el catálogo de conductas donde se ameritan, además de establecer su literalidad, es decir, una exacta aplicación de dicho precepto.
Asimismo, debemos señalar que, en el Artículo Cuarto Transitorio, se determinó la obligación de las Legislaturas de las Entidades Federativas para llevar a cabo las adecuaciones normativas necesarias que permitieran cumplir con lo previsto en el Decreto de referencia, sustentando así la pretensión de la presente acción legislativa.
En ese sentido, se considera viable la incorporación del texto federal en la Constitución Local, vinculándose como una disposición orientadora de la función jurisdiccional, promoviendo una aplicación uniforme conforme a nuestra competencia, evitando así la existencia de contradicciones normativas en la aplicación de la justicia penal en el Estado, cumpliendo con el mandato expreso de armonización legislativa del régimen transitorio del mismo.
Por último, se armoniza nuestra disposición constitucional local con el marco federal en materia de prisión preventiva, garantizando su debida aplicación en el ámbito penal de nuestra competencia, encontrándose alineada con el objetivo 16 denominado “Paz, justicia e instituciones sólidas”, de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, sobre contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho y promover instituciones más eficaces y responsables en beneficio del pueblo que representamos.
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