La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb) manifestaron su rechazo al incremento del 87% en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a refrescos y bebidas saborizadas, propuesto dentro del Paquete Económico 2026 por el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Según empresarios e industriales del sector, la medida podría frenar las inversiones, afectar el empleo y generar un impacto negativo en pequeños comercios, sin resolver los problemas de salud pública relacionados con la obesidad.
Impacto económico preocupa al sector privado
MexBeb expresó su “sorpresa y profunda preocupación” por la iniciativa de elevar el IEPS de 1.64 a 3.08 pesos por litro. La asociación advirtió que este ajuste aumentará entre un 10% y 15% el precio de los refrescos al consumidor, lo que golpeará directamente a los hogares de menores ingresos, quienes destinan una mayor proporción de su gasto a estas bebidas.
El sector calcula pérdidas de hasta 150.000 empleos directos e indirectos en cinco años, además del cierre de millas de tienditas que dependen de las bebidas saborizadas para hasta un 30% de sus ventas. También se verían afectados más de 1,2 millones de pequeños comercios en todo el país.
Por su parte, Coparmex calificó el incremento como un signo de “incertidumbre fiscal” que podría desalentar nuevas inversiones. Su presidente, Juan José Sierra Álvarez, advirtió que impuestos adicionales en bebidas, tabaco y videojuegos envían señales de riesgo a empresas nacionales y extranjeras.
El gobierno defiende la medida para la salud pública
El Ejecutivo, en cambio, defendió el aumento como parte de una estrategia integral para reducir el consumo de azúcar en México, uno de los países con mayor ingesta de refrescos en el mundo, con un promedio de 166 litros por persona al año.
Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, explicó que la proyección es reducir en 7% el consumo y obtener una recaudación de 41,000 millones de pesos, que se destinará a un fondo exclusivo para salud.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “el objetivo no es recaudatorio, lo que queremos es que se consuma menos”. El secretario de Salud, David Kershenobich, detalló que los recursos financiarán programas de prevención de diabetes, atención médica de primer nivel, tratamientos innovadores y fortalecimiento hospitalario.
Debate sobre la efectividad del impuesto
MexBeb cuestionó la eficacia de la medida, argumentando que el consumo de refrescos se ha mantenido estable durante tres décadas, mientras que la obesidad continúa en aumento. Señalaron además que las bebidas saborizadas representan menos del 5% de las calorías que consumen los mexicanos, insistiendo en la naturaleza multifactorial del problema.
El gobierno respondió citando experiencias internacionales exitosas. En Reino Unido, Sudáfrica y Chile la introducción de impuestos similares redujo el consumo entre un 21% y 30%. En México, cuando se aplicó el IEPS por primera vez en 2014, el consumo se redujo un 5.5% el primer año y casi un 10% en el segundo.
La discusión evidencia la tensión entre las prioridades económicas del sector privado y los objetivos de salud pública del gobierno, en un país que enfrenta una de las tasas más altas de consumo de refrescos en el planeta.
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