La justicia argentina otorgó “medidas cautelares urgentes” al presidente Javier Milei para impedir la difusión de audios que señalan a su hermana, Karina Milei, en un caso de corrupción. La decisión también derivó en allanamientos a periodistas y medios de comunicación, lo que despertó fuertes reacciones políticas y sociales.
Según la resolución judicial, se estableció “la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso”. Milei argumentó que se trataba de “un ataque planificado” con el fin de “desinformar y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones”.
El caso se suma al escándalo que inició el 19 de agosto, cuando se difundieron audios en los que Diego Spagnuolo, entonces titular de la Agencia de Discapacidad (Andis), afirmó que Karina Milei recibía 3 % de las compras de medicamentos para personas con discapacidad. El exfuncionario señaló en esas grabaciones que incluso había informado al presidente sobre esta trama.
Reacciones y críticas a la medida
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó el allanamiento de los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes revelaron los audios a través del canal C5N. También se realizaron cateos en la sede del medio digital Carnaval y en otras empresas de comunicación.
La decisión generó de inmediato rechazo entre legisladores y asociaciones de prensa, que calificaron la acción como censura. Diputados y senadores pidieron sesionar de forma urgente para analizar el caso, mientras que la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura condenaron la censura previa y alertaron sobre la afectación a la libertad de expresión.
Contexto político y económico
Este episodio ocurre en un escenario complejo para Milei. Su partido, Libertad Avanza (LLA), quedó en último lugar en las recientes elecciones para gobernador en Corrientes, donde triunfó la Unión Cívica Radical (UCR), aliada a Propuesta Republicana (PRO). La situación expone las divisiones internas de la oposición y la fragilidad de las alianzas políticas.
En paralelo, la crisis económica se agudiza. Este lunes, el dólar oficial alcanzó los 1,390 pesos argentinos, mientras continúan los allanamientos judiciales que han aportado nuevas pruebas sobre las denuncias de corrupción.
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