Diputados locales aprobaron iniciativa que tiene como finalidad reforzar las sanciones establecidas para el delito de violencia familiar, reconociendo de manera expresa la pérdida de los derechos hereditarios o sucesorios, a efecto de dotar de una mayor protección y certeza a las víctimas de esta conducta penal, sobre todo al tratarse de casos relacionados con grupos en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas adultas mayores.
Isidro Vargas Fernández, diputado local de Morena, indicó que los derechos sucesorios se deben entender como el conjunto de prerrogativas que permiten regular el patrimonio, llevando implícita la sustitución de la titularidad de los bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida, permitiendo establecer las condiciones que brinden protección, certeza jurídica y el debido equilibrio de intereses sobre los sujetos que legalmente estén facultados para recibirlos.
Todo ello encuentra su sustento en lo establecido por los Códigos Federal (marco supletorio para las Entidades) y Estatal en materia Civil, donde se determina la capacidad, formas y efectos relativos a los actos sobre la sucesión, ya sea legítima o testamentaria, atendiendo las particularidades de cada caso concreto, comentó.
Destacó que la iniciativa tiene como propósito reforzar las consecuencias en el delito de violencia familiar establecido en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas, incorporando la referencia explícita de la pérdida de los derechos sucesorios para quien resulte responsable de esta conducta.
Por ello, se considera necesario fortalecer las sanciones en delito de violencia familiar en el Estado, estableciendo de manera expresa la pérdida de los derechos sucesorios, reforzando la protección y seguridad de esta institución, al impedir que el agresor familiar se beneficie patrimonialmente en razón de haber violentado a alguno de sus integrantes.
Por eso, se reforma el artículo 368 Bis, párrafo cuarto, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas.
Artículo 368 Bis.- Comete.
A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de dos a siete años de prisión y perderá los derechos de pensión alimenticia, así como los de carácter sucesorio con relación a la víctima. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado y estará obligado al pago de la reparación del daño de las víctimas.
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