El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sorprendió al país al anunciar la reducción del Gobierno de 20 a 14 ministerios, junto con el despido de 5.000 empleados públicos. La noticia fue difundida sin previo aviso y ha generado una fuerte reacción por parte de la oposición y diversos sectores sociales.
La decisión implica una reestructuración ministerial significativa. Desaparecen como entidades independientes los ministerios de Mujer y Derechos Humanos; Ambiente, Agua y Transición Ecológica; Cultura y Patrimonio; Deporte; y Turismo, al fusionarse con otras carteras.
Un ajuste sin precedentes para cumplir con el FMI
El objetivo de esta medida, según el Gobierno, es cumplir con el plan de reducción del déficit fiscal y los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El acuerdo firmado en 2024 contempla un préstamo de 5.000 millones de dólares, condicionado a una optimización del gasto en salarios equivalente al 1,2 % del PIB entre 2024 y 2028.
Aunque el FMI no pidió explícitamente despidos, el ajuste anual estimado va de 258 a 387 millones de dólares. Para Noboa, el recorte es una apuesta por la eficiencia:
“Aquí estamos para trabajar con gente comprometida por su país, con cambiar realmente al Ecuador. El que no, fuera”, publicó en Instagram.
La última vez que Ecuador enfrentó un recorte similar fue durante la pandemia de COVID-19, cuando el entonces presidente Lenín Moreno redujo 4.000 millones de dólares en gasto público.
Críticas del correísmo y movimientos sociales
El correísmo calificó la medida como una “traición al país”, advirtiendo que provocará consecuencias sociales severas:
“Hambre, migración forzada y desnutrición de la clase media… lanzarán a miles de familias a la incertidumbre, la deuda y el destierro”.
Desde la Conaie, Leonidas Iza acusó al Gobierno de Noboa de favorecer intereses privados a costa de los derechos colectivos:
“Solo busca generar caos en la administración pública para que los negocios privados con intereses extractivistas se viabilicen incumpliendo normas y violando los derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades, así como de la naturaleza”.
Feministas y ambientalistas rechazan la reestructuración
Para la Coalición Nacional de Mujeres, la desaparición del Ministerio de la Mujer representa un retroceso en las políticas de igualdad:
“El Ministerio de la Mujer no es negociable, su existencia autónoma es el resultado de la lucha del movimiento de mujeres y feministas… su debilitamiento representa una señal clara de desinterés y desprotección estatal”.
Los ambientalistas también lanzaron duras críticas. La organización Amazon Frontlines denunció la fusión de Ambiente con Energía y Minas:
“Es como poner a los lobos a cuidar ovejas”.
Gustavo Redín, de Cedenma, alertó que esta decisión afecta décadas de avance:
“Es un retroceso de más de 20 años en política y gobernanza ambiental”.
Derechos Humanos en riesgo
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos pidió atención internacional sobre las consecuencias del decreto:
“Una apuesta deliberada por la militarización y el castigo, en lugar de una inversión estructural en prevención, reparación, igualdad y justicia socioambiental”.
Según el grupo, estos recortes comprometen seriamente el cumplimiento de los derechos humanos, especialmente para las poblaciones más vulnerables.
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