Ciudad de México (28 de julio de 2025).– La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó categóricamente que el Gobierno de Estados Unidos haya solicitado la entrega o investigación de algún político mexicano por presuntos vínculos con el crimen organizado, como ha circulado en redes sociales y algunos medios.
“En ninguna llamada que he tenido con el presidente Trump, que han sido muchas, ni en las llamadas del secretario de Relaciones Exteriores con el Departamento de Estado, ni en la colaboración con el Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la República, se ha pedido la entrega de alguna persona en particular vinculada con la política”, sostuvo Sheinbaum.
La mandataria criticó la difusión de supuestas listas con nombres de políticos mexicanos presuntamente relacionados con el narcotráfico. “Fíjense todo lo que dijeron de las listas… y luego la propia Embajada de Estados Unidos dijo que era una falacia, una mentira”, subrayó.
Sheinbaum reiteró que su Gobierno no acepta injerencias extranjeras y recordó que México mantiene una colaboración activa con EE.UU. en materia de seguridad. Como ejemplo, mencionó que en marzo pasado se extraditó a 29 delincuentes al país vecino, en el marco de los convenios bilaterales existentes.
El pasado 14 de junio, tanto la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado como el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, negaron que Washington haya ofrecido beneficios arancelarios a cambio de que México investigue a políticos corruptos.
“Es falso que los EE.UU. hayan ofrecido alivios arancelarios a cambio de investigaciones”, escribió Johnson en su cuenta de X. “Lo que sí es claro es el compromiso del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir a los cárteles, el fentanilo y las redes que amenazan a ambas naciones”.
No obstante, medios estadounidenses han publicado que un equipo cercano a Trump elaboró una lista con docenas de nombres de figuras públicas mexicanas presuntamente ligadas al narcotráfico, a quienes se les podrían imponer sanciones financieras o restricciones de viaje.
Pese a ello, ambos gobiernos insisten en que la cooperación bilateral está enfocada en el combate al crimen organizado, no en acciones unilaterales contra figuras políticas.
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