Se presentó ante el poder legislativo, una iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar el artículo 14 quinquies a la Ley de Tránsito del Estado, con el objetivo de garantizar que ningún ciudadano sea obligado a pagar servicios de grúa y depósito vehicular, cuando se determine que no existió infracción o delito que justifique el arrastre de su automóvil.
La iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos Primera para su análisis y dictamen correspondiente, busca establecer una norma clara que salvaguarde los derechos de los propietarios de vehículos ante actos administrativos indebidos por parte de las autoridades de tránsito.
Durante su intervención en tribuna, la legisladora local de Morena, Magaly Deandar Robinson, señaló que uno de los problemas más frecuentes y sensibles para quienes poseen un automóvil es el remolque injustificado de vehículos particulares, ya sea por errores de criterio o por procedimientos mal ejecutados.
“En muchos casos, los ciudadanos deben cubrir tarifas de grúa y pensión vehicular, aun cuando posteriormente se determine que no existió ninguna falta administrativa. Esta situación representa una clara injusticia que no solo afecta el bolsillo de las personas, sino que también normaliza el abuso institucional”, agregó.
Explicó que, en los casos en que se acredite que el arrastre fue injustificado, la persona afectada no deberá cubrir los costos correspondientes. Asimismo, si el pago ya fue efectuado, tendrá derecho a la devolución de este.
Esta medida tiene como finalidad disuadir actos arbitrarios, brindar certeza jurídica a la ciudadanía y fortalecer la responsabilidad institucional de las autoridades viales.
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