Ante el pleno legislativo, se presente acción legislativa que tiene por objeto incorporar como atribución a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la implementación, coordinación y vigilancia de un padrón estatal de personas físicas y/o morales que se dediquen a la compraventa, acopio, reciclaje o comercialización de materiales susceptibles de robo, como es el caso del cobre, aluminio, hierro, fibra óptica, entre otros, así como también tipificar el delito de falsedad en informes contra la vigilancia y verificación ambiental, a fin de prevenir, disuadir y erradicar la comisión de delitos patrimoniales, proteger la infraestructura pública y privada y, facilitar la trazabilidad y supervisión del flujo comercial de dichos materiales.
Eva Araceli Reyes González, diputada local de Morena, apunta en su exposición de motivos que esta propuesta nace a partir de una problemática cada vez más alarmante en nuestro Estado, el robo sistemático de cobre y otros metales utilizados en la prestación de servicios públicos y privados.
Este fenómeno delictivo, ha escalado en frecuencia y consecuencias, pues la sustracción de estos materiales afecta gravemente el funcionamiento de sistemas esenciales ,como la electricidad, el alumbrado público, el suministro de agua potable, la red de telecomunicaciones, el transporte, y en general, el equipamiento urbano e industrial, sumándose a ello, el riesgo que representa para la seguridad ciudadana y los altos costos que implica su reposición para las instituciones públicas y empresas privadas, denunció en tribuna.
En Tamaulipas, conscientes de esta problemática, hemos impulsado diversas acciones legislativas en materia penal, mediante las cuales se tipifica el robo de cobre y materiales similares como una conducta delictiva que debe sancionarse con mayor severidad, propiamente en los artículos 407 y 481 de nuestro Código Penal, que agravan las penas cuando el objeto del robo incluye cobre, fibra óptica, materiales utilizados en servicios públicos o infraestructura estatal o municipal.
Reyes González, manifestpó que no obstante, y pese a este avance, persiste un vacío administrativo en cuanto a la regulación, seguimiento y control de las personas, así como de establecimientos que comercian con estos materiales, lo que limita la capacidad del Estado para prevenir eficazmente su adquisición ilícita o su reventa.
Por ello, se propone fortalecer el marco institucional, dotando a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la cual ya se encuentra facultada en materia de infraestructura urbana, ordenamiento territorial, residuos, medio ambiente y desarrollo sustentable, para establecer y operar un padrón.
Por otra parte, también se propone tipificar el delito de falsedad en informes contra la vigilancia y verificación ambiental, con el objeto de castigar a quienes asienten datos falsos en los registros, bitácoras o cualquier otro documento, con el propósito de simular el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad ambiental del Estado o de los municipios, o destruya, altere u oculte información, registros, reportes o cualquier otro documento que sea indispensable mantener o archivar.
La presente iniciativa propone una medida integral, preventiva y sustentada en el marco jurídico vigente, que permitirá al Estado avanzar hacia una gestión más eficiente del desarrollo urbano y ambiental, articulando certeza, seguridad, trazabilidad y legalidad en torno al comercio de metales susceptibles de robo, puntualizó.
La acción legislativa fue enviada a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Primera.
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