Boston, Estados Unidos (20 de junio de 2025).– Una jueza federal otorgó un nuevo revés legal al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al bloquear su intento de impedir que la Universidad de Harvard reciba estudiantes extranjeros, medida que la institución académica había calificado como una represalia política.
La jueza Allison Burroughs, de la Corte de Distrito en Boston, emitió una orden que preserva temporalmente la capacidad de Harvard para matricular a alumnos internacionales, mientras se resuelve el litigio entre la universidad y el Departamento de Seguridad Nacional.
La controversia comenzó en mayo, cuando el gobierno estadounidense revocó la certificación federal que permite a Harvard inscribir y emitir visas para estudiantes internacionales, lo que habría afectado a más de 7 mil estudiantes foráneos, una cuarta parte de su matrícula total. La orden también habría prohibido el ingreso de nuevos estudiantes extranjeros a la universidad.
Harvard interpuso una demanda inmediata, señalando que la decisión era parte de un castigo político orquestado por la Casa Blanca, luego de que la universidad rechazara presiones del gobierno federal para modificar sus políticas internas sobre protestas, contrataciones y admisiones.
La jueza Burroughs bloqueó la medida original horas después de que se presentó la demanda. No obstante, a inicios de junio, la administración Trump retomó la ofensiva legal con nuevos argumentos, pero la jueza volvió a frenar el intento.
La disputa ha generado incertidumbre entre la comunidad estudiantil global, con múltiples estudiantes planteando la posibilidad de abandonar la universidad ante el riesgo de quedar en una situación migratoria irregular.
“Los esfuerzos del Gobierno federal han creado un ambiente de profundo miedo, preocupación y confusión”, argumentó Harvard en documentos judiciales.
Según Maureen Martin, directora de servicios de inmigración de la institución, la presión política ha provocado que varios estudiantes evalúen opciones en otras universidades, incluso en Hong Kong, que han ofrecido plazas a quienes no puedan permanecer en Harvard.
La ofensiva de Trump contra la universidad más antigua y prestigiosa de Estados Unidos incluye también recortes presupuestales por más de 2,600 millones de dólares, cancelación de contratos de investigación y amenazas de quitar el estatus de exención fiscal.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, solicitó en abril a Harvard una amplia base de datos sobre estudiantes extranjeros presuntamente involucrados en conductas ilegales. Aunque la universidad cumplió parcialmente, Noem calificó la respuesta como insuficiente y, el 22 de mayo, revocó su certificación en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio.
En su demanda, Harvard sostuvo que esa decisión afecta su prestigio internacional y debilita su capacidad de atraer talento académico de alto nivel.
“Sin sus estudiantes internacionales, Harvard no es Harvard”, alegó la universidad.
El presidente interino de Harvard, Alan Garber, declaró que si bien se han tomado medidas para atender preocupaciones como el antisemitismo, la universidad no cederá ante presiones políticas y continuará defendiendo sus principios fundamentales.
Este caso se suma a la lista de tensiones entre instituciones académicas y el gobierno de Trump, quien ha mantenido una postura dura hacia la inmigración, incluso en el ámbito educativo, en un año marcado por su retorno a la presidencia y sus políticas restrictivas.
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