Ciudad de México (20 de junio de 2025).- Diversas organizaciones empresariales manifestaron su rechazo a la propuesta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de legalizar viviendas invadidas mediante esquemas de renta con opción a compra y precios subsidiados. Aseguraron que esta medida premia la ilegalidad y representa un riesgo para el sistema de propiedad privada y el ahorro de millones de trabajadores.
En un comunicado conjunto, agrupaciones como la Concamin, Coparmex, Canaco CDMX, Comce, AMIB y el CNET señalaron que el Infonavit no tiene facultades para disponer de viviendas que no le pertenecen legalmente ni puede transferirlas a terceros sin vulnerar derechos jurídicos fundamentales.
“Esta medida contradice el mandato legal del Instituto y amenaza con institucionalizar la ilegalidad, poniendo en riesgo los ahorros de millones de trabajadores que aportan a este fondo”, advirtieron.
De acuerdo con datos de la Secretaría del Bienestar, hasta el momento se han censado 168 mil viviendas ocupadas de manera irregular, de un universo total de 843 mil, con una inversión pública de más de 700 millones de pesos. De ese total, el 86% está habitado por personas sin vínculo jurídico alguno con el Infonavit o con los propietarios legítimos.
Los empresarios criticaron que, en lugar de buscar mecanismos para reducir la morosidad y proteger el patrimonio de los derechohabientes, se impulsen programas que permiten la adquisición de viviendas invadidas por debajo de su valor real, incluso cuando muchas de esas propiedades todavía pertenecen a personas con créditos vigentes o en proceso de resolución.
“Se pretende extender ese criterio a invasores, incluso cuando las viviendas no son propiedad del Infonavit, sino que siguen formando parte del patrimonio de acreditados que han cumplido o tienen situación pendiente con su crédito”, advirtieron.
Las organizaciones exigieron a la Asamblea del Infonavit frenar cualquier intento de legalizar ocupaciones fuera del marco de derecho y recordaron que la atención a personas no afiliadas corresponde a otras dependencias como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) o la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum declaró recientemente que “la propiedad privada está resguardada” y que no se trata de quitar casas a sus legítimos dueños, los organismos señalaron que se necesita algo más que buenas intenciones o aclaraciones tardías.
“La certidumbre jurídica no puede depender de interpretaciones posteriores, sino de políticas claras, legales y plenamente alineadas con el interés de los trabajadores y el marco constitucional”, afirmaron.
Finalmente, recordaron que el Infonavit enfrenta una crisis de cartera, con un deterioro creciente desde 2015. Mientras que la morosidad en 2018 era del 7.8%, actualmente supera el 18%, y al incluir créditos segregados, el índice se eleva al 32%. Es decir, uno de cada tres financiamientos presenta algún nivel de incumplimiento.
“En lugar de resolver los problemas de raíz y recuperar créditos vencidos, se está enviando un mensaje de impunidad que puede agravar aún más la fragilidad del sistema de vivienda en México”, concluyeron.
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