Washington, Estados Unidos (20 de mayo de 2025).— Wendy Ortiz, una migrante salvadoreña que lleva una década en Estados Unidos, recibió una notificación que la dejó atónita: el gobierno estadounidense le impuso una multa de 1.8 millones de dólares por permanecer en el país tras recibir una orden de deportación.
Ortiz, de 32 años, trabaja por 13 dólares la hora en una planta empacadora de carne en Pensilvania, y apenas logra cubrir el alquiler y los cuidados especiales de su hijo de seis años, quien es ciudadano estadounidense y padece autismo.
“No es justo”, dijo en entrevista con Reuters. “¿De dónde también uno va a pagar tanto dinero?”
El caso de Ortiz no es aislado. Forma parte de una ofensiva lanzada recientemente por el expresidente Donald Trump, quien ha retomado su plan para sancionar económicamente a los migrantes con órdenes de deportación pendientes. En las últimas semanas, según un funcionario de alto nivel del gobierno estadounidense, se han emitido multas a unos 4,500 migrantes, por un total superior a 500 millones de dólares.
Las sanciones, que oscilan desde algunos miles hasta 1.8 millones de dólares, están basadas en una ley de 1996 que fue aplicada por primera vez durante el mandato de Trump en 2018. Esta legislación permite imponer multas de hasta 998 dólares diarios a quienes permanecen en el país pese a una orden de expulsión definitiva.
Reuters consultó a ocho abogados de inmigración que confirmaron haber recibido notificaciones similares en nombre de sus clientes. Todos coinciden en que las cifras son desproporcionadas e inalcanzables para la mayoría de los migrantes.
Los migrantes sancionados tienen 30 días para responder por escrito, bajo juramento y con pruebas, para justificar por qué no deberían recibir la multa. En caso de no pagar, el gobierno federal podría confiscar sus propiedades, aunque aún no está claro cómo se implementará esa medida.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a la solicitud de comentarios. En abril, una portavoz del DHS declaró que los migrantes en situación irregular “deberían autodeportarse y abandonar el país ahora”.
La estrategia migratoria incluye una coordinación entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que emite las sanciones, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que se encargaría de ejecutar los decomisos. Según fuentes citadas por Reuters, CBP sigue trabajando en la logística para aplicar estas medidas.
Para Ortiz, la multa no solo es impagable, sino incomprensible. Huyó de El Salvador hace 10 años para escapar de la violencia de una expareja y de las amenazas de las pandillas. Ahora, enfrenta un futuro incierto en un país al que ha llamado hogar durante la última década.
“¿Qué quieren que haga?”, se pregunta. “Estoy aquí por necesidad, no por gusto. Y ahora quieren quitarme lo poco que tengo.”
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