La cloaca del Poder Judicial en Tamaulipas está más abierta que nunca.
Desde el Congreso de la Unión, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, soltó una bomba que confirma lo que en la calle ya se comenta en voz alta: hay una red de jueces y magistrados que no imparten justicia, la negocian.
Y lo hacen al servicio de uno de los personajes más oscuros de la política reciente: el exgobernador y hoy prófugo Francisco García Cabeza de Vaca.
Esto no es grilla.
Es una denuncia formal, con nombres, apellidos y expedientes que muestran cómo el aparato judicial fue secuestrado por intereses personales.
El caso más escandaloso es el del mismo Cabeza de Vaca, quien logró mantener una escolta de 40 elementos, aún después de dejar el cargo, pagada con dinero del pueblo.
Cuando se intentó retirarle ese lujo ofensivo, los jueces Faustino Gutiérrez Pérez y Juan Fernando Alvarado López salieron al rescate.
¿Argumentos? Ninguno válido. Solo amparos a modo para blindar a quien debería estar rindiendo cuentas ante la ley.
Pero esto no acaba ahí.
El presidente del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, Mauricio Fernández de la Mora, también ha sido señalado como parte de esta red de protección.
¿Y la cereza en el pastel?
La jueza Carmen Ávila, esposa del juez jubilado Gutiérrez Pérez, fue designada como sustituta en el mismo juzgado. Un relevo conyugal que huele más a complicidad que a justicia.
Y lo peor está por venir: hay fundado temor de que, de aquí a que entre en funciones el nuevo Poder Judicial, esta caterva de funcionarios —encabezada por la magistrada y esta red de jueces al servicio del prófugo— acelere resoluciones para liberar a García Cabeza de Vaca de todos los cargos que enfrenta.
Buscan el borrón judicial antes de que llegue la limpia.
Una jugada desesperada para dejar impune a quien utilizó el poder para enriquecerse, perseguir opositores y ahora esconderse tras las togas que él mismo protegió.
Lo que está en juego con la reforma al Poder Judicial no es un simple ajuste administrativo.
Es la posibilidad de desmantelar este sistema de privilegios disfrazado de legalidad.
Porque en Tamaulipas la toga se convirtió en escudo de la corrupción, y la ley en papel mojado.
Si realmente queremos rescatar la justicia, este es el momento de pasar de las palabras a los hechos: sanciones, destituciones y procesos penales. No se trata de venganza, se trata de dignidad institucional.
Por ello, hacen un llamado firme y urgente al Consejo de la Judicatura Federal y a la fiscalía general de la República para que intervengan de inmediato, procedan contra estos jueces y magistrados, y los destituyan y procesen por corrupción.
El país no puede permitir que quienes tuercen la ley desde dentro queden impunes.
Si no se les frena hoy, mañana volverán a vender justicia al mejor postor.
La denuncia fue hecha en una conferencia de prensa en el palacio legislativo, donde estuvieron presentes legisladores tamaulipecos, entre ellos la senadora Olga Sosa.
UAT IMPULSA CERTIFICADOS INTERNACIONALES PARA ESTUDIANTES.
La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) prepara un programa institucional de certificaciones internacionales para fortalecer la formación académica y profesional de su comunidad estudiantil.
Como parte de una estrategia liderada por el rector Dámaso Anaya Alvarado, la UAT firmará el próximo 14 de mayo en el Campus Sur acuerdos con organismos internacionales como PuntoEdu, Pearson
y ETC Iberoamérica, enfocados en la validación de competencias lingüísticas, digitales, laborales y académicas.
Estas certificaciones se alinearán con los planes de estudio vigentes, elevando el perfil de egreso y respondiendo a las exigencias del entorno profesional globalizado.
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