El Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen de reforma constitucional que extingue al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas (ITAIT), transfiriendo sus atribuciones a la Contraloría Gubernamental del Poder Ejecutivo Estatal.
La medida fue impulsada por el Gobernador del Estado, en el marco de una armonización legal con la reforma federal en materia de simplificación orgánica.
Durante la exposición de motivos, el Diputado Francisco Hernández Niño resaltó que la acción legislativa forma parte de un esfuerzo mayor por reorganizar la administración pública estatal, conforme a los principios de racionalidad, austeridad, eficiencia y eficacia.
Señaló que entre los puntos más relevantes del decreto se encuentra la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas (ITAIT), cuyas funciones, a partir de la entrada en vigor de la nueva legislación estatal, serán asumidas por la dependencia del Ejecutivo estatal responsable del control interno, actualmente la Contraloría Gubernamental.
Las reformas buscan atender lo dispuesto en el decreto federal de simplificación orgánica, publicado en diciembre de 2024, que ordena la desaparición del INAI y sus órganos estatales homólogos, con la finalidad de reducir duplicidades administrativas y concentrar funciones bajo una política de austeridad y eficiencia gubernamental.
El dictamen también dispone que todos los recursos humanos, materiales, financieros y documentales del ITAIT serán transferidos a la dependencia estatal correspondiente, y garantiza el respeto a los derechos laborales del personal actualmente adscrito al instituto.
Hernández Niño destacó que las reformas no afectan los derechos fundamentales de acceso a la información ni la protección de datos personales. Por el contrario, afirmaron que buscan fortalecer estos derechos bajo una estructura administrativa más eficiente, menos costosa y alineada con el nuevo modelo federal de gestión pública.
“Es importante dejar asentado que la acción legislativa no tiene como propósito modificar de manera regresiva las funciones administrativas a cargo del Estado, ni afectar sus prerrogativas, obligaciones o fines constitucionales; mucho menos pretende trastocar o limitar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como el acceso a la información pública o la protección de datos personales. Por el contrario, esta reforma busca fortalecer el ejercicio de las funciones administrativas desde una visión humanista, que compromete al Estado y a sus instituciones a operar con mayor eficiencia y eficacia”, concluyó.
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