El diputado federal Mario Zamora Gastélum presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para adicionar un Capítulo XVIII denominado “Trabajo Sexual” al Título Sexto “Trabajos Especiales” de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo los artículos 353-V, 353-X y 353-Y, con el objetivo de regular el trabajo sexual, proteger los derechos de quienes lo ejercen de manera voluntaria y diferenciarlo claramente de la explotación sexual.
En su argumentación, el integrante del Grupo Parlamentario del PRI destacó que el trabajo sexual, ejercido de forma libre y consensuada por personas mayores de edad, debe reconocerse como una actividad lícita para garantizar condiciones laborales dignas, acceso a servicios de salud, seguridad social y protección contra la violencia y la discriminación.
Explicó que la iniciativa define el trabajo sexual como la prestación de servicios sexuales, eróticos o de acompañamiento a cambio de una remuneración, siempre que sea consensual y sin vicios en el consentimiento. La propuesta establece que las condiciones de los servicios deben acordarse entre las partes, y en ciertos casos, como en establecimientos de bebidas alcohólicas o contratos mayores a tres meses, deberán formalizarse por escrito.
Subrayó que la regulación busca equiparar los derechos de los trabajadores sexuales con los de otros sectores laborales, asegurando su acceso a la justicia, revisiones médicas periódicas y campañas de sensibilización para combatir el estigma social. Además, se reconoce a trabajadores sexuales como no asalariados, garantizando su autonomía y protección contra abusos institucionales, como los reportados en el diagnóstico de COPRED de 2024, que señala que el 97 por ciento de las personas en situación de calle que ejercen el trabajo sexual han sufrido violencia, principalmente por parte de autoridades.
Uno de los aspectos más relevantes es que, al otorgarles acceso a la seguridad social y prestaciones laborales, no solo se protege su salud y bienestar, sino también el de sus hijos y padres, cuando aplique, brindando así una red de apoyo más amplia y humana para quienes han sido históricamente invisibilizados.
Enfatizó que la propuesta responde a la realidad social y económica del país, donde el 100 por ciento de las personas dedicadas al trabajo sexual operan en la informalidad, según datos de la Secretaría de Economía de 2024. Subrayó que es imperativo brindar un marco normativo que proteja la dignidad y seguridad de quienes ejercen esta actividad, promoviendo igualdad y justicia social.
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