El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de María del Rosario “N”, presunta operadora del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien cuenta con órdenes de búsqueda por parte de agencias de Estados Unidos, por diversos delitos.
En un operativo coordinado en el municipio de Magdalena, Jalisco, elementos del Gabinete de Seguridad (@SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_) detuvieron a María del Rosario “N”, operadora del CJNG. Era buscada por autoridades de EE.UU @FBI por tráfico de armas, drogas y personas, lavado de dinero y distribución de metanfetamina y fentanilo a través de nuestras fronteras”, indicó el funcionario en un mensaje de su cuenta de X.
Fue detenida junto con Moisés “N” durante un operativo de cateo en un domicilio ubicado en la colonia El Llano del municipio jalisciense de Magdalena.
Al momento de su captura, los presuntos responsables se encontraban en posesión de un arma de fuego larga, otra corta, diversas dosis de droga y equipos de comunicación.
Fuentes del Gabinete de Seguridad informaron que la ubicación de Navarro Sánchez se logró a partir del intercambio de información con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (ATF y FBI, respectivamente, por sus siglas en inglés).
La detenida cuenta con una orden de captura por el delito de conspirar y coordinar la entrega de píldoras de metanfetamina y fentanilo desde México a los Estados Unidos, a través de los puertos de entrada fronterizos de El Paso, Texas.
Además, enfrenta cargos en la Corte Federal del Distrito Occidental de Texas, por el delito de tráfico de armas, estupefacientes y personas, así como lavado de dinero.
Diversas líneas de investigación establecen que coordinó la compra de armas de fuego valoradas en más siete millones de dólares, además de coordinar el envío de estupefacientes a Estados Unidos.
El Gabinete de Seguridad informó que a los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, para determinar su situación legal.
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