Noviembre de 2023 marcó la fecha de inicio para el nuevo Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. El texto, impulsado por la Secretaría de Gobernación (Segob), buscaba prohibir la instalación de máquinas tragamonedas en nuevos locales, así como fijar distancias mínimas para que estos se ubique a una distancia mínima de 200 metros de cualquier escuela u hospital. También centralizar la emisión de permisos en la figura de la autoridad federal.
Además, introduce controles más estrictos para las plataformas de apuestas deportivas y casinos en línea de México. Entre ellos destacan la verificación digital de edad y la obligación de contar con programas de autoexclusión.
Aunque el objetivo de la reforma era modernizar el sector y blindarlo contra el lavado de dinero, el decreto fue declarado inconstitucional. Esto ha creado un desfase normativo que hoy alimenta la confusión y los desafios en medio de la batalla judicial.
Desafíos legales en torno a las reformas
Incertidumbre sobre las licencias
Algunos operadores tradicionales, encabezados por grupos como Caliente y Zitro, señalaron que la centralización de permisos favorece la concentración de mercado y viola el principio de libre competencia protegido por la Constitución.
El argumento principal es que ninguna reforma reglamentaria puede restringir derechos que la Ley Federal de Juegos y Sorteos mantiene vigentes, entre ellos la explotación de naipes, ruleta y dados, considerados “juegos de azar” y no de destreza.
De hecho, algunos de ellos no eran permitidos, sin embargo, el juez Gabriel Regis también falló en contra del artículo 91, en el cual el Ejecutivo prohibió los juegos de ruleta, dados y naipes. Regis afirmó que estos juegos no dependen de la habilidad del jugador
Juego en línea bajo la lupa
El reglamento incorpora, por primera vez, el concepto de “apuestas remotas”. Esto propició el tema de la verificiación digital de edad. Entre las nuevas obligaciones se incluyen:
- Registro biométrico
- Límites diarios
- Trazabilidad de cada transacción
Sin embargo, tales normas han sido impugnadas por operadores extranjeros que temen cargas administrativas desproporcionadas.
¿Cuál es el gran riesgo de todo esto?
Ante la falta de reglas claras se podría fomentar un mercado gris que induzca a los usuarios a buscar sitios sin licencia mexicana.
Batallas judiciales y costo económico
Entre 2024 y el primer trimestre de 2025, jueces federales otorgaron 23 amparos que suspenden la aplicación de algunas de las nuevas normas.
Entre ellas destaca la eliminación total de tragamonedas. Se estima que el efecto inmediato de esta norma sería doble. Por un lado la implementación conllevaría un costo.
Por otra parte, se congelarían inversiones que superan los $300 millones. Este monto había sido reservado por grandes operadores para salas híbridas y estudios de crupieres en vivo.
Impacto de los desafíos legales en la industria del juego
La armonía entre permisos federales, suspensiones judiciales y proyectos paralizados representan problemas para cualquier estrategia empresarial. Los inversionistas saben que el retorno de capital dependerá de la rapidez con que los tribunales unifiquen criterios.
La inseguridad jurídica también afecta a los usuarios: promociones, catálogos de juego y métodos de pago varían según el estatus legal de cada salón o plataforma. Esto complica la experiencia del jugador y erosiona la confianza en el mercado.
En el frente fiscal, la SHCP proyectaba recaudar 20.000 millones de pesos anuales con la nueva tasa única de 30% sobre ingresos brutos. Cada mes que los amparos continuan frenando la reforma, el fisco pierde aproximadamente 1.600 millones de pesos en derechos e impuestos, una merma relevante para programas sociales que dependen de ese flujo.
Respuestas de los actores del sector
Operadores de casinos
Los grandes consorcios han intensificado su cabildeo legislativo, al mismo tiempo que han fortalecido sus equipos de cumplimiento, según reportes de la industria.
Mientras continuan litigando, aseguran que mantienen su compromiso con el juego responsable, la reforma de protocolos para la prevención de lavador de dinero y la migración de su oferta a plataformas móviles para retener clientes.
Funcionarios gubernamentales
Por su parte, la SEGOB sostiene que las reformas son imprescindibles para cerrar la puerta al juego ilegal y proteger a los menores.
En los últimos meses se ha dedicado a insistir en que los amparos son tácticas dilatorias y anticipa inspecciones sorpresa, clausuras y multas de hasta 896.000 pesos a salas que operen fuera del marco.
Expertos legales
Juristas especializados en derecho administrativo concuerdan en que la falta de armonización entre el nuevo reglamento y la ley de 1947 invita a la via judicial. Unos prevén que la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminará por invalidar artículos clave.
No obstante, otros consideran viable una solución intermedia, en la cual el Congreso actualice la ley y ratifique los puntos menos controvertidos del reglamento.
¿Cómo se está adaptando la industria?
Enfoque en el juego digital
Con el canal presencial bajo escrutinio, las casas de apuesta aceleran la inversión en ruleta y blackjack en vivo transmitidos desde estudios en Ciudad de México y Monterrey.
Según reportes, los jugadores deberían de estar notando interfaces más ágiles, botones de límite de depósito y avisos constantes de juego responsable. Según afirman los operadores, el objetivo es cumplir con las nuevas métricas de autenticación, sin perder fluidez de usuario.
Transparencia y cumplimiento
Los departamentos de “compliance” ahora reportan operaciones relevantes a la Unidad de Inteligencia Financiera en tiempo real y aplican algoritmos que detectan patrones sospechosos con una precisión de 89%.
Esta data, además de satisfacer la norma, se usa para personalizar ofertas y anticipar comportamientos de riesgo.
Mayor colaboración con asesores legales
La contratación de despachos externos se disparó un 30% desde 2023. Los operadores buscan dictámenes preventivos que respalden cada nuevo juego o método de pago. De paso, estos informes sirven como evidencia ante inversionistas extranjeros que preguntan si México ofrece garantías mínimas para su capital.
Un panorama legal en evolución
Las reformas de juego representan el intento más ambicioso de modernizar un sector que aporta 1.8% del PIB nacional. No obstante, la ausencia de una reforma de ley paralela al reglamento abrió una grieta jurídica que empresas y tribunales explotan a su favor.
En el corto plazo, la industria se moverá entre juzgados y despachos de abogados, mientras incrementa su apuesta por el entorno digital. Para los operadores, la recomendación es sencilla: invertir en cumplimiento de normas, diversificar la oferta y estar listos para adaptar el nuevo modelo legal que se defina, una vez que el Poder Judicial emita lineamientos definitivos. Para los legisladores, el reto es equilibrar la protección al consumidor con un marco que preserve la competitividad y atraiga inversión.
Si el Congreso logra armonizar la Ley Federal de Juegos y Sorteos con la realidad tecnológica de 2025, México podrá consolidar un mercado de juegos de azar bastante moderno, regulado y atractivo para el capital global. De lo contrario, él mercado gris crecerá y las cortes seguirán dictando la agenda.
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