El Congreso de Tamaulipas denunció una eventual cadena de corrupción continuada en los juzgados federales de Reynosa, para prolongar el manto de impunidad a favor del exgobernador Francisco Javier “N” y pidió la intervención de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal para impedirlo.
Los diputados morenistas, Magaly Deándar Robinson y Armando Zertuche Zuani, presentaron proyectos de acuerdo en aquel sentido, mismos que fueron aprobados con dispensa de trámite, por 28 votos a favor y 4 en contra.
Se explicó que, luego que los anteriores titulares de los Juzgados séptimo y octavo de distrito fueron removidos entre acusaciones de actuar parcialmente a favor del anterior Gobernador de Tamaulipas, el primero de ellos, Faustino Gutiérrez Pérez, quien recientemente abrió una agencia distribuidora de Autos nuevos, se presentó como abogado del exgobernador y su esposa, Piedad del Cármen Hernández Ávila, asumió la Magistratura dentro del Primer Tribunal Colegiado, participando de otras actuaciones para impedir la acción de la justicia contra Francisco Javier “N”, en flagrante conflicto de interés y otras violaciones jurídicas.
El Pleno del Poder Legislativo aprobó el Proyecto de Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Guillermina Magaly Deandar Robinson, cuyo objetivo es garantizar la imparcialidad y la correcta aplicación de la justicia en el juicio de amparo 417/2024, promovido por el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
El exhorto va dirigido al Juez Séptimo de Distrito, Fidel Gallegos Figueroa, instándolo a resolver el caso en estricto apego a los principios de imparcialidad y legalidad, evitando las presiones o complicidades para con el exgobernador y sus abogados, en el compromiso de supervisar su actuación a través del Consejo de la Judicatura Federal.
El segundo Proyecto de Punto de Acuerdo, exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, a remover a la C. Piedad del Carmen Hernández Ávila, secretaria en funciones de Magistrada, debido a su intervención en un asunto en el que se encontraba impedida, al su esposo ser representante legal del exgobernador.
También se solicitó que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, dé curso a la recusación presentada por el Ministerio Público de la Federación, en relación con el proceso mencionado.
Los proyectos de Decreto fueron aprobados por mayoría de votos, con la finalidad de asegurar una resolución justa y objetiva en los casos relacionados con el exgobernador, y fortalecer la lucha contra la impunidad en el ámbito judicial.
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