Nuevo Laredo, Tamaulipas (26 de marzo de 2025).- Cuatro militares responsables de la muerte de cinco jóvenes y de herir a otros dos en Nuevo Laredo en febrero de 2023 fueron sentenciados a 40 años y 9 meses de prisión, según informó el abogado de las víctimas, Edgar Netro Acuña.
La sentencia fue dictada por el juez Juan Gonzaga Sandoval en el Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, estableciendo un precedente en la impartición de justicia ante abusos cometidos por fuerzas castrenses.
Además de la pena carcelaria por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, el juez ordenó al comandante del Décimosexto Regimiento de Caballería ofrecer una disculpa pública a los familiares de las víctimas. Esta medida busca reivindicar la memoria de los jóvenes, quienes fueron injustamente criminalizados tras el incidente, luego de que los militares intentaran plantarles armas.
La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que los militares Juan Carlos Gámez Mendoza, Agustín Cornelio Sánchez Reyes, Bernardo Reyes Sánchez y Jorge Nicolás López fueron los autores de los disparos que arrebataron la vida de los jóvenes.
Los cuatro militares presenciaron la lectura de su sentencia por videoconferencia desde el Campo Militar Número 1, donde permanecen bajo custodia de la Guardia Nacional a la espera de la resolución definitiva de su caso.
El abogado Netro Acuña y José Roberto Puente Martínez se reunieron con los familiares de las víctimas para comunicarles la sentencia condenatoria. Los sobrevivientes del ataque fueron testigos clave en el juicio, cuyos testimonios fueron fundamentales para la declaración de culpabilidad de los militares.
Los jóvenes asesinados celebraban un futuro nacimiento cuando fueron perseguidos y acribillados sin motivo aparente por elementos del Ejército Mexicano, un hecho que generó indignación y condena a nivel nacional.
De los 16 militares inicialmente arrestados, solo cuatro fueron sentenciados, mientras que el capitán Elio Conde Toledano, comandante del grupo militar implicado, testificó que los cuatro cabos dispararon sin recibir órdenes superiores. Esta declaración fue crucial en el proceso judicial.
La defensa de los sentenciados apeló la decisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito y se anticipa que podrían recurrir al amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, la solidez de las pruebas presentadas durante el juicio, incluyendo peritajes, testimonios y análisis forenses, refuerza la sentencia y deja en claro la responsabilidad de los militares en los hechos ocurridos.
Este caso ha sido emblemático en la lucha por justicia y ha puesto en el centro del debate la actuación de las fuerzas armadas en operativos de seguridad, exigiendo mayor rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos.






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