Diputados locales, en sesión ordinaria fuera del recinto legislativo, aprueban dictamen que tiene como finalidad incorporar como atribución del Comité de Incentivos, proponer al Ejecutivo Estatal el otorgamiento de estímulos fiscales para las empresas que contraten personas privadas de la libertad, liberadas y/o externadas.
La acción legislativa promovida por la diputada local, Gabriela Regalado Fuentes, sostiene que el Comité de Incentivos es un órgano colegiado encargado de proponer incentivos fiscales a las empresas y coordinar acciones para mejorar el desarrollo económico del Estado, el cual tiene la responsabilidad de detectar y atender problemas relacionados con el desarrollo económico, emitir recomendaciones para mejorar el orden jurídico y asegurar una mayor certidumbre para los inversionistas, mismo que está conformado por los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Finanzas, entre otros.
La presenta reforma tiene como propósito, no sólo apoyar a las empresas, sino también contribuir significativamente a la reinserción laboral de las personas que, debido a sus antecedentes penales, podrían enfrentar mayores dificultades para acceder a un empleo remunerado en la sociedad.
Es importante señalar que los incentivos fiscales propuestos beneficiarían a los emprendedores, empresarios y empresas que decidan contratar a personas en situación de privación de libertad o que hayan sido liberadas, bajo la condición de que estas personas cumplan con las normativas establecidas para acceder a dichos incentivos, de esta manera las empresas estarían incentivadas a contratar a un grupo de personas que, tradicionalmente, enfrentan grandes barreras para ser incorporados al mercado laboral, señala.
Asimismo, es importante recalcar que uno de los objetivos más relevantes de estas acciones es fortalecer la cohesión social, reducir la criminalidad y fomentar un entorno más seguro para la comunidad en general, ya que si las personas liberadas logran obtener un empleo digno y estable, es más probable que se reintegren positivamente a la sociedad y no recaigan en actividades delictivas, con lo cual se contribuye a una reducción en los niveles de reincidencia delictiva, lo que, a largo plazo, impactaría de manera favorable en la seguridad pública.
Este tipo de incentivos representaría una solución a las dificultades que enfrentan muchas personas liberadas, quienes, sin un trabajo, podrían caer en la desesperación y la exclusión social, lo que aumenta el riesgo de que vuelvan a cometer delitos, por lo que, al proporcionarles un espacio en el mercado laboral, el Estado no sólo les ofrece una oportunidad de mejora económica, sino también una forma de integrarse plenamente a la sociedad.
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