Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (2 de diciembre de 2024).- La reciente designación de Óscar Aparicio Avendaño como futuro Secretario de Seguridad Pública de Chiapas ha encendido alarmas debido a su polémica trayectoria en otros estados como Zacatecas, Tamaulipas y Chihuahua.
Aparicio, quien renunció este domingo a su cargo en la Subsecretaría de Operación Policial de Zacatecas, tiene un historial de acusaciones graves de corrupción y vínculos con grupos criminales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, organización a la que protege y permite su ingreso en los estados donde ha desempeñado cargos en seguridad pública.
Durante su tiempo al frente de la Comisión Estatal de Seguridad de Chihuahua, fue señalado por permitir el ingreso de grupos armados y de tener acuerdos con el “Nuevo Cártel de Juárez”. Además, su administración fue cuestionada por la falta de resultados en la lucha contra la delincuencia y por su aparente involucramiento con los cárteles de droga, lo que derivó en varios ataques contra la policía estatal.
Aparicio también ha sido vinculado a actos de corrupción, donde se le acusa de privatizar la seguridad pública en beneficio de empresarios y de desviar recursos destinados a la protección de la ciudadanía.
En Tamaulipas, su gestión fue marcada por escándalos de abuso de autoridad, con propiedades de lujo que habrían sido obtenidas de manera ilícita, según diversas versiones.
La llegada de este personaje a la seguridad de Chiapas pone en riesgo la estabilidad de la entidad, que en los últimos meses ha enfrentado un incremento de la violencia. Con un historial de ambición desmedida y deslealtad, la designación de Aparicio podría ser un golpe devastador para la seguridad de la población chiapaneca, que en los meses recientes ha sufrido una escalada de violencia al ser disputada como botín de grupos delictivos.
Ante esta serie de acusaciones resulta extraño que el próximo mandatario de Chiapas designe a un elemento como Aparicio Avendaño al Frente de un área que requiere de solvencia moral e inteligencia para afrontar los desafíos en materia de seguridad pública.
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