La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, llamó a reformar el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a fin de que ningún país como Estados Unidos o Rusia puedan ejercer el derecho de veto sobre las resoluciones del organismo.
“Sabemos algo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas necesita una reforma urgente. México propone la eliminación del veto en su totalidad y en tanto eso no se logre, al menos su limitación en casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”, dijo en el marco de la asamblea anual de la ONU.
La canciller Bárcena, también reafirmó la condena al Gobierno de Ecuador por la toma de la embajada en Quito ocurrido hace casi seis meses, y subrayó que la comunidad internacional no puede “olvidarlo ni normalizarlo”.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, la titular de la SRE señaló que “las instituciones y reglas que sostienen nuestro sistema internacional son la última línea antes de la barbarie”.
“Por eso, condenamos enérgicamente las flagrantes violaciones del actual Gobierno de Ecuador a las normas más básicas de convivencia internacional, a los principios de la Carta de las Naciones Unidas con el asalto ilegal y violento en nuestra embajada en Quito la noche del 5 de abril”, detalló.
Criticó así “la agresión a los diplomáticos y la sustracción ilícita de una persona, a quien México otorgó el asilo político y que sigue preso y gravemente enfermo”, en referencia a Jorge Glas, exvicepresidente en el gobierno de Rafael Correa.
“Reiteramos nuestro agradecimiento por la condena generalizada de este acto como comunidad internacional. No podemos olvidarlo ni normalizarlo”, agregó Bárcena.
México otorgó asilo político a Glas el 4 de abril pasado, y a la noche siguiente, el gobierno ecuatoriano irrumpió en la embajada mexicana en Quito para aprehender al exvicepresidente.
Los hechos derivaron de una crisis diplomática por la que México mantiene rotas sus relaciones diplomáticas con Ecuador y por lo que el caso espera una resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
Los hechos se produjeron en un momento de máxima tensión en las relaciones entre las naciones, después de que el gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, hubiese expulsó a la embajadora de México en ese país sudamericano, Raquel Serur, por unas declaraciones de López Obrador, sobre el asesinato del candidato Fernando Villavicencio.
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