El Índice Global de Impunidad (IGI) e Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP) son referencia respecto impunidad y Estado de derecho. En la edición IGI 2020 México se ubica en lugar 60 de 69 países. Colombia en el 49 y Chile en 50. Está en desventaja en número de jueces por 100 mil habitantes, 2.17 respecto del global, 17. El índice WJP 2023 le ubica en lugar 116 de 142 países. Ecuador en el 96, Colombia 94, Brasil 83, Argentina 63 y Chile 33.
Orden y seguridad e impartición de justicia en 132 de 142. Mal en subcomponentes: efectividad de investigaciones y de sistemas correccionales, en debido proceso, discriminación e influencia del gobierno. ¿Para qué un mejor sistema judicial? Para proteger derechos y libertades del ciudadano, deber de un gobierno.
Robert Barro, economista de Harvard, luego de décadas de estudio de las variables que determinan el crecimiento de un país incluyendo desarrollo de mercados financieros y grado de democratización, cita que el Estado de derecho es clave para detonar el crecimiento económico. En México hay queja de la falta de crecimiento a pesar de reformas importantes y de mejores prácticas a nivel macroeconómico.
Hora 25: Salvo esfuerzos de los presidentes Zedillo y Calderón, hemos empeorado. La reforma judicial que envió el presidente López al Congreso, ¿será la receta para mejorarlo? La iniciativa tiene como objetivo reemplazar el sistema judicial por uno como el de Bolivia que no sobresale por mejores prácticas. Nombrar a todos los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte por un proceso de elección no ataja problemas como falta en el número de jueces pues no propone aumento.
Nombrar jueces, magistrados y ministros por elección popular sesga el resultado del voto a personas carismáticas, en campañas con contenido lejos de lo que se desea lograr, motivadas por dinero y dádivas. En lugar de escoger a personas con preparación, características y experiencia para cumplir con la impartición de justicia imparcial, es probable se vote por candidatos que sepan prometer y en el momento en el que se eligen afines a una corriente política dominante por el Ejecutivo.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) Primer trimestre 2024: A nivel nacional, 61% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. 67% de las mujeres y 55% de los hombres consideraron inseguro vivir en su ciudad.
De la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda, 59% se relaciona con consumo de alcohol en las calles; 49%, con robo o asalto; 41%, con vandalismo en viviendas o negocios; 39%, con venta o consumo de drogas; 37%, con disparos con armas; 25%, con bandas violentas o pandillerismo; 15%, con tomas irregulares de luz y 3%, con robo o venta ilegal de gasolina o diésel (huachicol)
¿Y, el sistema militarizado de vigilancia y de seguridad? Ocupados con los abrazos.
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