En un alarmante informe presentado por la organización de derechos humanos Cristosal, se han expuesto severas consecuencias del régimen de excepción en El Salvador, incluyendo la muerte de bebés y la afectación directa a menores de edad. Desde marzo de 2022, cuando el presidente Nayib Bukele instauró esta política para combatir la violencia de las pandillas, ha habido un notable incremento en las detenciones y, desafortunadamente, en las muertes dentro de la custodia estatal.
El informe destaca la situación de Dina Hernández, una activista embarazada que perdió a su bebé mientras estaba detenida, ilustrando la gravedad de las condiciones bajo las cuales se encuentran los presos. Además, se menciona que al menos 176 niños han quedado huérfanos como resultado de la muerte de sus padres detenidos bajo estas medidas.
Cristosal ha criticado duramente el sistema de justicia adaptado al régimen de excepción, señalando la pérdida de independencia judicial y la falta de garantías para los detenidos. Según el reporte, entre marzo de 2022 y febrero de 2024, se contabilizaron 244 muertes bajo custodia estatal, un número que, según las autoridades, podría ser mayor debido a la opacidad en la liberación de información oficial.
El régimen de excepción, que elimina la necesidad de una orden judicial para detener a personas, fue extendido nuevamente por el Congreso el 9 de julio de 2024, pese a las críticas internacionales y locales sobre sus impactos en los derechos humanos. Más de 81,000 supuestos pandilleros han sido detenidos bajo esta política, que fue una respuesta directa a los actos de violencia que resultaron en la muerte de 87 personas durante un fin de semana de marzo de 2022.
Este reporte no solo destaca el alto costo humano de la política de seguridad en El Salvador, sino que también subraya la urgente necesidad de reconsiderar medidas que comprometen las garantías fundamentales y provocan consecuencias irreversibles para muchas familias.
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