La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, despidió a su segundo, Vicente Ventura Barreiro, tras recibir una grave denuncia de corrupción. La acusación fue hecha por Fernando Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal, quien aseguró que Ventura Barreiro le ofreció coimas para beneficiar a proveedores de alimentos en licitaciones.
La frase clave que provocó el despido, “Las empresas se manejan poniendo plata”, fue atribuida a Ventura Barreiro durante una reunión en el despacho de Bullrich, donde estaban presentes varios funcionarios del área. Martínez afirmó que el ofrecimiento de sobornos ocurrió el pasado 12 de junio, cuando fue convocado a la oficina de Ventura Barreiro.
En la reunión, Ventura Barreiro habría preguntado por las licitaciones de alimentos para las prisiones federales y mencionado que detrás de las empresas interesadas estaba “Coti” Nosiglia y su gente. Según Martínez, el exfuncionario insistió en que “las empresas ponen plata siempre para que las cosas funcionen”.
Martínez, al escuchar estas insinuaciones, expresó su rechazo y su deseo de erradicar la corrupción. A pesar de su negativa, Ventura Barreiro insistió en que se le proporcionara un abogado de confianza para “arreglar” con las empresas. Ante la falta de acuerdo, Ventura Barreiro solicitó que le enviara los pliegos de las licitaciones.
La denuncia fue escalada rápidamente, llegando a Bullrich, quien ordenó labrar un acta y remitirla a la Oficina Anticorrupción (OA). La ministra también despidió a Ventura Barreiro de su cargo y solicitó una investigación exhaustiva.
Ventura Barreiro había trabajado previamente con María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires y había sido parte del equipo de Cristian Ritondo. Su salida del gobierno marca un punto crítico en la lucha contra la corrupción dentro del Ministerio de Seguridad.
Martínez también aportó pruebas a la OA, incluyendo una copia del pliego de licitación con correcciones sugeridas por Ventura Barreiro, las cuales coincidían con prácticas de empresas cartelizadas. Estas modificaciones buscaban favorecer a ciertas empresas mediante requisitos específicos y descalificar ofertas por debajo del 10% del precio de referencia.
La denuncia y las acciones tomadas reflejan el compromiso del Ministerio de Seguridad en combatir la corrupción y mantener la transparencia en sus procesos.
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