Se presenta acción legislativa que tiene como objeto expedir la Ley de la Alimentación Adecuada y Sostenible para el Estado de Tamaulipas, con la finalidad de establecer, entre otros; mecanismos de planeación, coordinación y competencia entre las autoridades del Estado y municipios, en las acciones encaminadas a garantizar el ejercicio pleno de ese derecho.
Consuelo Nayeli Lara Monroy, legisladora local, apunta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 4° que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; además, mandata que “El Estado lo garantizará”. ratificando con ello el carácter progresista y social de nuestro constitucionalismo.
En el marco de una estrategia de desarrollo nacional, se considera fundamental prevenir el hambre, combatir la pobreza, reforzar el rol de la agricultura y el desarrollo rural sostenible, así como promover el desarrollo económico con equidad, y la creación de oportunidades y capacidades de las personas para mejorar su calidad de vida, consideró.
Destacó que el 17 de abril del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de la alimentación Adecuada y Sostenible, cuyas disposiciones establecen la obligación de las entidades federativas de realizar las adecuaciones legislativas necesarias, para regular y desarrollar el ejercicio del Derecho a la Alimentación Adecuada en sus respectivos ámbitos competenciales, de conformidad con lo establecido en dicho ordenamiento, para lo cual, se prevé un plazo de 360 días naturales.
Se precisa de manera expresa que, con sujeción a los recursos aprobados, Estado y municipios deberán realizar todas las acciones afirmativas en atención al derecho a la alimentación adecuada, pudiendo suscribir convenios con el sector privado y organismos internacionales.
Refiere también el deber del Estado y municipios para promover el establecimiento y adecuada operación de comedores comunitarios físicamente accesibles, y prevé que los mismos construyan y mantengan infraestructuras adecuadas y sustentables para la captación, almacenamiento y conducción de agua útil para la producción de alimentos, manifestó la diputada local.
Por otra parte, establece que las dependencias que integran la Administración Pública Estatal, así como de los municipios, en el ámbito de sus competencias, incorporarán, al menos, un 15% de sus compras gubernamentales de alimentos e insumos primarios, directamente de los productores de pequeña y mediana escala.
Finalmente, dijo Lara Monroy que se establecen sanciones encaminadas a evitar todo tipo de discriminación; el condicionamiento del suministro de todo tipo de alimentos, o atentar contra el abasto de alimentos, entre otros de niñas, niños y adolescentes así como de grupos de atención prioritaria; entre otros.
Todo lo anterior, se refleja en el contenido del proyecto de ley que nos ocupa, cuya estructura se funda en 97 artículos, distribuidos en 9 Títulos y 23 Capítulos, puntualizó.
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