La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fijo un plazo de 10 días a la Cámara de Diputados y el Senado de la República para que informen, por escrito, sobre los avances para la publicación de la Ley de Aguas, o de lo contrario se les aplicará una multa.
Acusó a los dos órganos legislativos de asumir una conducta “contumaz”, por negarse a cumplir con la sentencia de 2022, en la que se ordenó promulgar dicho ordenamiento y les negó una nueva prórroga para entregar un informe de la etapa del proceso legislativo para la elaboración de la norma.
A pesar de que ha transcurrido un largo tiempo desde que venció el plazo concedido por este Máximo Tribunal, y a pesar de los múltiples requerimientos efectuados, los cuales constan en autos, sin que de los mismos se advierta justificación alguna respecto a la conducta contumaz que han desarrollado, circunstancia que se toma en cuenta a efecto de fincar las responsabilidades constitucionales que resulten conducentes en términos de los artículos 46 y 47 de la Ley Reglamentaria en la materia”, señaló, en un acuerdo, la ministra Piña Hernández.
De acuerdo con los antecedentes de este conflicto, en enero de 2022, la SCJN resolvió 11 controversias constitucionales promovidas por municipios del estado de Chihuahua, en las que se reclamó al Congreso de la Unión por su omisión en elaborar publicar la Ley de Aguas, en cumplimiento a un decreto presidencial de 2012.
Desde entonces, el Máximo Tribunal ordenó a la Cámara de Diputados y al Senado expedir esa normatividad, lo que ha sido ignorado constantemente por los legisladores, por lo que en el país se sigue aplicando la Ley de Aguas Nacional, en vigor desde 1992.
El Senado de la República informó a la Corte que, durante una sesión del 18 de octubre de 2023, se presentó formalmente el proyecto de Dictamen por el que se expide la Ley General de Aguas.
Dicho proyecto, ahora es analizado por las comisiones de Estudios Legislativos y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, para su discusión y votación.
Por su parte, desde San Lázaro se presentó un informe de trabajo sobre los avances en la elaboración de la ley en cuestión, y un diagnóstico sobre la situación hídrica del país, sin más avances.
Atento a lo anterior, no ha lugar a tener por desahogado el requerimiento de referencia, toda vez que ambas Cámaras fueron omisas en remitir el cronograma solicitado a fin de que este Alto Tribunal conozca los plazos estimados en los que se cumplirá cada etapa del trabajo legislativo”, resolvió en su acuerdo la ministra presidenta de la Corte, Piña Hernández.
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