Ante el Congreso de Tamaulipas se presentó una iniciativa de reforma al Código Municipal para incorporar que todas las oficinas de la Administración Pública Municipal de servicios al público destinen una ventanilla para atención preferente e inmediata a personas con discapacidad, adultos mayores y embarazadas, contando con personal capacitado.
Úrsula Salazar Mojica, diputada local de Morena, apunta que en México cada persona es titular de derechos fundamentales y reconocidos por la ley; la igualdad sustantiva alude al ejercicio pleno de los derechos universales y a la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana.
Como representantes del pueblo, tenemos la obligación y responsabilidad de proponer y legislar acciones tendentes a combatir las desigualdades y que tengan como finalidad el mayor bienestar y goce de los derechos humanos.
Cumplir con este gran reto no es una tarea sencilla, requiere de mucho esfuerzo y de una real conjugación de voluntades, las cuales deben abatir esa brecha que por muchos años se acrecentó para los grupos más vulnerables, aseveró.
Estos grupos son aquellos que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas pueden sufrir maltratos contra sus derechos humanos.
Es importante ponernos en los zapatos de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad y de las embarazadas, pues en lo que para algunos de nosotros representa una acción relativamente sencilla como lo es el acudir a realizar un trámite, para ellas y ellos representan un verdadero reto, de ahí, la importancia de la presente iniciativa.
Su propuesta fue turnada a Comisiones para su revisión, análisis y dictaminación correspondiente a fin de que regrese al pleno.
La propuesta incluye solo a los 43 Ayuntamientos de Tamaulipas, no al Gobierno del Estado y mucho menos a las Oficinas Federales de Bienestar, Bancos Bienestar, Comisión Federal de Electricidad, entre otras, donde el problema es mayúsculo.
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