En el tercer día de actividades de la “Tercera Semana Nacional de Infraestructura Transformadora” se analizaron las problemáticas, retos y posibles soluciones de la infraestructura hídrica y de saneamiento, como elementos para el desarrollo sostenible y equitativo del país.
Durante las mesas de discusión, impulsadas por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside el diputado Jorge Romero Herrera (PAN), y la Comisión de Infraestructura, encabezada por el diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT), legisladores, especialistas y académicos resaltaron la importancia de que se atiendan las fugas de agua y se les dé mantenimiento a la plantas de tratamiento y saneamiento, así como impulsar la homologación de las tarifas y realizar campañas de concientización sobre su uso responsable.
El diputado Paulo Gonzalo Martínez López (PAN) afirmó que la infraestructura hídrica y de saneamiento son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible y equitativo de las naciones, por lo que es necesario contar con una gestión eficiente del agua y mejorar los métodos de saneamiento, a fin de asegurar un futuro próspero y equitativo.
Agregó que las estrategias para garantizar el acceso al agua deben enfocarse no sólo de la construcción de presas y sistemas de distribución y plantas saneamiento, sino en políticas públicas que promuevan el uso responsable; por ello, invitó a la sociedad y al sector privado a trabajar de manera coordinada con el gobierno para impulsar iniciativas que generen una infraestructura hídrica y saneamiento eficiente.
Hacia un Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización del Agua
Durante su conferencia magistral “Hacia un Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización del Agua”, el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez (Morena), expuso que la cobertura del agua es un problema nacional, ya que 21.3 millones de personas no tienen una red de agua potable y 29 millones que no cuentan con una red de drenaje.
Resaltó que de cada litro de agua que se envía a una ciudad se pierde el 50 por ciento, debido la obsolescencia de las tuberías de las redes primarias y secundarias. “No es que falte agua, lo que falta es sectorizar y detectar fugas”.
Explicó que en el caso de la Ciudad de México por mil litros de agua se cobra siete pesos; no obstante, transportarla cuesta 32 pesos, es decir, el resto es subsidiado, lo que genera falta de recursos para atender las necesidades de infraestructura.
Afirmó que México deja de cobrar 155 mil millones de pesos al año por agua, lo que representa tres veces el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); de ahí la importancia de que se generen acciones que ponga en orden en su fiscalización.
En cuanto a la que se destina al sector industrial y generación hidroeléctricas, se requiere micromedir su consumo para que quien consuma más pague más. “Sí hay recursos, el asunto es que no sabemos cobrar”.
Agregó que de los 653 acuíferos que hay en el país, dos terceras partes tienen estrés hídrico, mientras que, de las 806 presas existentes, 210 comprenden el 85 por ciento de los embalses nacionales, por lo que es fundamental mejorar los sistemas de desazolve para mejorar la captación del agua.
Ante este panorama, consideró necesario impulsar la educación en las nuevas generaciones y las actuales de que ya no se puede desperdiciar el agua, así como tecnificar los sistemas de riego agrícola, crear un mercado segundario de aguas residuales y obligar a las industrias a utilizar este tipo de líquido.
“El derecho humano al agua y al saneamiento. Cuentas Pendientes”
Roberto Olivares, experto en temas hídrico, indicó que con la aprobación de la nueva Ley de Aguas Nacionales se lograría agilizar las acciones en la gestión, distribución, revisión de presupuesto y creación de programas orientados al cuidado del agua. Reiteró que este marco normativo debe regular el acceso y disposición del agua industrial y doméstica para que esta sea suficiente, asequible y se fomente la participación del gobierno y la ciudadanía.
La presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Ciudad de México, Marcela Heredia Izquierdo, destacó que en el país hay una disparidad en las tarifas del cobro del agua, lo cual genera que la población no esté consciente de lo que consume; además, promueve la inequidad hídrica, ya que la población vulnerable es la que se enfrenta al desabasto. Planteó que se cree un sistema para separar las aguas negras y las pluviales.
Alberto Rojas Rueda, coordinador de Gobernanza del Agua y Fortalecimiento de Capacidades del Instituto Mexicano de Tecnología de Agua, comentó que cada habitante requiere un consumo mínimo de 110 litros al día para que no presente problemas de salud; por ello, es fundamental que la población sea corresponsable para solventar los gastos que implica su suministro del líquido.
Thomas Kretzschmar, investigador del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE), afirmó que para garantizar el acceso al agua se requiere de una gestión sostenible del recurso hídrico superficial y subterráneos, impulsar el almacenamiento, recarga y descarga de los acuíferos, y concientizar a la población sobre su cuidado.
Juan Pablo Del Conde, director Asociado Ingeniería y Gestión Hídrica S.C. IGH., mencionó que es fundamental realizar una reingeniería institucional de suficiencia de recursos administrativos, jurídicos y técnicos, para fortalecer las políticas públicas que garanticen el cumplimiento del derecho humano al agua.
Necesidades de financiamiento y herramientas legislativas para el logro de una economía circular en el sector hídrico y de saneamiento
La investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), María del Carmen Carmona Lara, apuntó que es necesario que la política del agua y la economía circular se enfoque a los nuevos usos y a su reciclaje, ya que el recurso hídrico es utilizado en la producción de alimentos y demás servicios útiles para la ciudadanía.
El presidente del Consejo Directivo de la Asociación Geohidrológica Mexicana, Martín Argueta Hernández, planteó la necesidad de realizar estudios orientados a las concesiones, incrementar el uso de agua tratada en las industrias, uso eficiente del recurso, pues el 46 por ciento se pierde en fugas, así como mejorar las técnicas de riego e incrementar las tarifas.
Rafael Guerrero Flores, subdirector de Proyectos de Agua, Medio Ambiente de la Dirección General Adjunta de Banobras, afirmó que para garantizar la equidad en el abasto se debe trabajar en la eficiencia y sostenibilidad operativa y financiera del recurso hídrico; por ello, propuso fomentar acciones para su saneamiento y la economía circular, pues este líquido puede ser utilizado en diversos rubros productivos.
Maximiliano Olivares Padilla, coordinador técnico de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México A.C. (ANEAS), apuntó que para atender la problemática hídrica del país se deben destinar recursos para arreglar fugas y reacondicionar la infraestructura y las plantas de tratamiento, captar las aguas residuales en las alcantarillas e impulsar el reúso del vital líquido.
Mónica Guagnelli Martínez, experta en análisis de procesos productivos de servicios en materia de agua y energía, pidió generar una campaña de concientización de que la grasa de los alimentos y la basura son los agentes que más dañan a las plantas de tratamiento.
Organismos operadores de agua potable y saneamiento: transparencia, gobernanza y reformas necesarias
Arturo Jesús Palma Carro, consultor en Agua y Saneamiento, dijo que para lograr una gobernanza eficiente del agua se debe incluir la participación de la ciudadanía, con el objetivo de que las y los mexicanos sepan sobre su uso responsable y contar con tarifas justas.
Armando Serrano Salomón, director del Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, expresó que la deficiencia física de la infraestructura hídrica se debe a que las decisiones se han tomado de manera vertical por parte del Estado; por ello, propuso un modelo de participación regido por la gobernanza con una sociedad informada, promover su participación y construir políticas públicas con la opinión de la ciudadanía y el gobierno.
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