Se habla de desapariciones forzosas, homicidios dolosos, guerra en las calles de México, pero se omite el desplazamiento forzado interno. Miles de mexicanos viven violento acoso que les arrebata su pueblo, costumbres, hogar, situación que crece a causa de la violencia criminal, situación que el Estado niega como problema público.
Desde 2010, en particular en este sexenio, el desplazamiento se dispara a pesar de la Guardia Nacional y el Ejército, quienes, en lugar de tomar el control del territorio, en sus vehículos trasladan a los residentes afectados a otros municipios donde los dejan a su suerte.
Los pobladores huyen aterrados de su comunidad porque los criminales los extorsionan, queman sus casas y cultivos, se llevan a sus hijos para convertirlos en sicarios o los matan. Sin datos oficiales ni “los otros datos”, son los medios de comunicación y las organizaciones civiles las que visibilizan la tragedia.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, estima que 386 mil personas han abandonado sus hogares entre 2016-22. Datos de su estudio 2022 muestran que el número de episodios de desplazamiento forzado creció de 26 en 2020 a 45. Las cifras del éxodo no son registrables porque las familias salen de manera sigilosa.
Los datos coinciden con el Informe del Comisionado de la ONU para Refugiados noviembre 2022. Señala que el incremento en desplazamiento forzado lleva a que los mexicanos representen la mitad de la población en los albergues en la frontera norte y si el gobierno no tiene política para los desplazados, menos para la gente que se queda atrás, que por no tener a donde ir o por temor a perder lo poco que tienen deciden resistir.
La imagen de las denuncias en la prensa y en pocos estudios etnográficos hablan de hogares abandonados, carencia de servicios públicos y la inexistencia de ayuda institucional para sustentar la vida de la población. Lo que sufren las familias que se quedan atrás es más invisible.
Este éxodo es el olvido de partes del país, en donde no vive ninguna sociedad, donde sobrevive a merced de intereses criminales, esto sucede en múltiples poblados de municipios del centro norte de Tamaulipas.
La ausencia de política pública deja comunidades en vulnerabilidad extrema. Las necesidades básicas: vivienda, alimentación y atención médica, no existen. La falta de conciencia pública para abordarlo evita que no reciba atención y recursos necesarios. El estado de Derecho es sustituido por el estado de indefensión
Sociedad civil y organizaciones no gubernamentales son cruciales al visibilizar y atender esta problemática con apoyo emocional, asistencia legal y documentan estos casos que no son parte de los registros oficiales.
Erradicar el desplazamiento forzado exige compromiso del Estado para construir un país donde la seguridad, la justicia y el bienestar de todas las comunidades sean prioridad fundamental.
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