Colombia, 13 de febrero 2024.- El Gobierno de Colombia ha declarado una emergencia carcelaria con el objetivo de hacer frente a la persecución de bandas criminales contra los guardianes de prisiones y combatir la extorsión que se realiza desde los centros de reclusión del país, todos con un alto nivel de hacinamiento.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció la medida tras la ola de violencia dirigida contra los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que alcanzó un punto crítico con el asesinato del agente Jesús Cárdenas el pasado sábado en Cartagena.
La emergencia carcelaria permitirá restringir las visitas a los presos, limitar las comunicaciones y realizar traslados y operaciones dentro de las celdas de cabecillas de bandas criminales como ‘La Inmaculada’, responsable de desatar el terror en Tuluá, Valle del Cauca, el fin de semana.
Ante la captura de uno de los líderes de ‘La Inmaculada’, la banda criminal respondió con violencia, asesinando a un guarda de tránsito, quemando vehículos y amenazando al alcalde de Tuluá. La militarización de la ciudad logró controlar la situación.
Entre las medidas anunciadas se encuentra la compra de equipos bloqueadores de señal de teléfonos celulares en las cárceles, utilizados por los presos para extorsionar y planear acciones criminales. También se intensificarán los allanamientos y requisas sorpresivas, así como los traslados de presos sospechosos de delinquir desde las cárceles.
Actualmente, las cárceles colombianas tienen una capacidad para 81.740 reclusos, pero albergan a 101.976 personas, lo que representa un hacinamiento del 24,7%. Esta es la cuarta vez que se declara una emergencia carcelaria en Colombia, mostrando la gravedad de la situación.
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