Cd. Victoria, Tamaulipas.- Se presenta iniciativa que tiene por objeto adicionar el artículo 68 Bis de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas a fin de establecer la obligación de la Secretaría de educación para, en coordinación con la Secretaría de Salud, establecer protocolos para la detección y seguimiento de los casos de violencia emocional y psicológica contra niñas, niños y adolescentes.
Félix García Aguiar, legislador local panista, indica en su exposición de motivos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de alguna enfermedad o dolencia.
La mayor vulnerabilidad que tienen las personas en desventaja, en cada comunidad, a las enfermedades mentales, se puede explicar mediante factores tales como la experiencia de vivir en inseguridad y desesperanza, el rápido cambio social y los riesgos de violencia y problemas de salud física, acotó.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en Adultos, 28.6 por ciento de los mexicanos de entre 18 y 65 años ha padecido al menos una vez en la vida un trastorno mental, y sólo uno de cada cinco recibe tratamiento especializado.
Al respecto, es preciso señalar que uno de los padecimientos mentales más comunes en México y el mundo es la depresión, que se caracteriza por bajo estado de ánimo, sentimientos de tristeza y desesperanza asociados con alteraciones de comportamiento, grado de actividad y pensamiento; afecta a 15% de la población nacional, y se prevé que para 2030 sea la primera causa de discapacidad mental en jóvenes y adultos.
Refirió el legislador local que antes de la emergencia sanitaria había una gran cantidad de pacientes con depresión, problema de salud mental que disminuye años de vida laboral. Sin embargo, ahora el número de casos de esta enfermedad aumentó exponencialmente y se presenta en personas de cualquier edad.
Otro de los factores negativos es que en México el número de psiquiatras es reducido, pues mientras la OMS recomienda cinco especialistas por cada 100 mil habitantes, en el país sólo hay 3.7 por cada 100 mil. Pero el problema no sólo es ese, sino que la mitad de ellos se ubica únicamente en áreas metropolitanas.
Para ello, se deben integrar protocolos para prevenir, detectar y dar atención oportuna a los estudiantes en riesgo con problemas de salud mental. Dichos protocolos deben ser coordinados con autoridades del sector salud y en colaboración con las familias de las y los alumnos.
Estos protocolos no deben de quedar en una simple plática o conferencias, sino en un seguimiento especializado y puntual de nuestras niñas, niños y adolescentes para evitar más pérdidas, puntualizó.
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