Cd. Victoria, Tamaulipas, 15 de enero de 2024.- Ante el pleno del Congreso del Estado, se presentó iniciativa de reformas y adiciones diversas disposiciones a la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas con el fin de establecer las bases que regulen el pago a los particulares que ofertan bienes y prestan servicios al Estado y los Municipios.
Alejandra Cárdenas Castillejos, diputada local priista, sostiene en su exposición de motivos que en el marco normativo que regula la adquisición de bienes y la contratación de servicios por parte de las entidades y dependencias del Gobierno del Estado, así como de los 43 Ayuntamientos de Tamaulipas es amplio en beneficio de la administración pública, pero insuficiente para garantizar el pago a los particulares.
Todos estos cuerpos legales refieren de manera particular, pormenorizada y tajante las infracciones y sanciones en que puede incurrir un particular al que se le adquiere un bien, o que presta un servicio a una entidad pública, ya sea estatal o municipal, pero, ninguna de estas leyes establece la obligación de pago en un periodo determinado a los proveedores del Estado y los Ayuntamientos.
De ahí que, mediante la presente iniciativa se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas con el fin de establecer las bases que regulen el pago a los particulares que ofertan bienes y prestan servicios al Estado y los Municipios.
En ese sentido, atendiendo a los principios de austeridad, eficacia, eficiencia y responsabilidad en el gasto público, se establece que ni el Gobierno del Estado, ni los gobiernos municipales podrán heredar deudas a las administraciones siguientes por la contratación de servicios de proveeduría; con ello, se busca que los servicios que se contraten sea en atención a la necesidad y no al despilfarro de los recursos de todas y todos los tamaulipecos, acotó en tribuna legislativa.
En resumidas cuentas, la presente iniciativa garantiza el pago a los proveedores de la administración pública estatal y municipal en nuestro Estado en un periodo determinado, y por otra parte, encamina a las dependencias y entidades a un gasto público razonable que encausa a finanzas sanas, estables y suficientes que liberarán a las siguientes administraciones de adeudos y compromisos de pagos atrasados, puntualizó.
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