Baja California, 26 de enero 2024.- Los líderes jornaleros de la zona agrícola de San Quintín, en Baja California, han acogido con beneplácito el reciente decreto publicado por el Gobierno federal, el cual respalda las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del campo, incluyendo el acceso a vivienda digna.
En el valle de San Quintín, donde más de 80 mil trabajadores agrícolas laboran en más de 132 empresas, la lucha por condiciones dignas ha sido constante. Muchas de estas empresas son trasnacionales. A pesar de su contribución al sector agrícola, los jornaleros han enfrentado desafíos como la falta de servicios básicos de drenaje, agua potable, vialidades y alumbrado en sus comunidades.
Algunos jornaleros pagan entre 900 y mil 200 pesos al mes por cuartos proporcionados por las propias empresas para laborar, una cifra que contrasta con los bajos salarios diarios de los trabajadores del campo. Octavio Ángel López, miembro de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social, destacó la lucha sostenida de los trabajadores desde 2015 por salarios justos, prestaciones, acceso a la salud y servicios públicos básicos.
“Han sido años complicados, denunciando atropellos a los derechos laborales y humanos por parte de los empleadores. Aunque el salario ha aumentado, aún no es suficiente para dignificar la vida de los trabajadores agrícolas en términos de infraestructuras y educación”, señaló López.
El nuevo decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación enfoca la atención en aspectos clave para mejorar las condiciones de vida de los jornaleros. Estipula claramente la obligación de las empresas de proporcionar viviendas dignas, alimentos adecuados, espacios y comedores, así como agua potable. Esta clarificación en el decreto es recibida como un avance significativo por parte de los líderes jornaleros.
A pesar de estos avances, López lamenta que las autoridades de los tres niveles han abandonado la zona de San Quintín, y la solución a los problemas aún parece lejana. Sin embargo, celebra el enfoque específico en la vivienda proporcionado por el nuevo decreto, considerándolo un paso positivo hacia la mejora de las condiciones laborales y de vida para los trabajadores agrícolas en la región.
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