Discapacidad, derribar barreeras

El mundo sobrepoblado, en proceso acelerado de envejecimiento, con pandemias de obesidad, de enfermedades crónicas y desigual en el que vivimos, tiene un rasgo que se acentúa año con año: el incremento de su población con discapacidad.

Una de cada 6 personas vive con alguna discapacidad, esto corresponde a 1300 millones de personas en el mundo, de ellos 240 millones de niñas y niños. En México hay más de 6 millones y en Tamaulipas alrededor de 170 mil. Si se contabilizaran todas las personas que tienen alguna limitación y no solo franca discapacidad, la cantidad se triplicaría.

Esto significa que las personas con discapacidad, aunque sigan siendo uno de los grupos de población más vulnerados y discriminados, no serán más una minoría. Su peso económico y político será cada más determinante para el desarrollo de la sociedad.

En lo económico, las capacidades sobresalientes que adquieren las personas con discapacidad en la superación de sus limitaciones físicas o mentales, las hace el recurso humano más valioso de un mundo digitalizado. El alto volumen de bienes y servicios que demanda esta población, si se entiende y maneja adecuadamente, tiene un enorme potencial como activador del mercado.

En lo político, el masivo número de votantes con discapacidad, les da un peso electoral, que nadie que aspire a un puesto de elección puede soslayar.

La discapacidad agrava y ensancha las brechas de vulnerabilidad y desigualdad entre esta población y las que no la presentan. Las personas con discapacidad no solo solo tienen más riesgo de enfermar, de sufrir discriminación, exclusión de derechos básicos como la educación, el trabajo, la vivienda, transporte, entre otras, que los ponen en riesgo de caer en pobreza, sino además algunas pueden morir hasta 20 años antes que las que no la tiene.

Para cambiar desde su raíz esta situación, no bastan los servicios de rehabilitación física y psicológica, la entrega de apoyos funcionales o de ayudas en efectivo que son propias del modelo médico-asistencial del siglo pasado, centrado en “corregir” o “compensar” mediante intervenciones de “reparación” las desviaciones de los “enfermos” “anormales” (personas con discapacidad) con respecto a los normales “sanas”.

La discapacidad no es una enfermedad, no es asunto de las personas que la sufren y de sus familias que los cuidan. Tampoco es un asunto individual, solo de empatía, altruismo, compasión, conciencia, de la salud pública, de la asistencia social o de la beneficencia pública. Se trata de un problema social prioritario, de política pública, de las agendas de gobierno, de derechos humanos, de justicia social, de ética pública, de obligación de los Estados y de compromiso de la sociedad y sus ciudadanos.

Por eso, hoy es indispensable la adopción y la implementación del nuevo paradigma de discapacidad: el del modelo social, que garantice la autodeterminación, la autonomía y la inclusión para que tomen y ejerzan el control sobre sus vidas. Está basado en los derechos humanos, porque implica un proceso de empoderamiento y ciudadanía efectiva que le devuelva su capacidad jurídica, como sujetos y no objetos de derecho. Un ejemplo de acciones en este sentido son las acciones afirmativas como las que recientemente establecieron el Congreso del Estado y el IETAM.

El objetivo de este modelo es eliminar las barreras de todo tipo que garantizar el acceso e inclusión integral de las personas con discapacidad, en todos los ámbitos de la vida social, productiva y política. Otorgarles espacio en los cargos legislativos, de gobierno y en puestos relevantes de la estructura institucional del Estado, vale mucho más que la palmadita en la espalda, la foto, la sonrisa condescendiente o la despensa con que tradicionalmente se entendido el concepto de apoyo.

Cierto que las personas con discapacidad son aquellas que tienen alguna o varias deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, persistentes a largo plazo o permanentes, sin embargo, según la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, es solo cuando estas deficiencias interactúan con las diversas barreras del entorno, que se concreta el impedimento para su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas sin discapacidad.

Es decir, son las barreras las que hacen a la discapacidad y no las deficiencias físicas de una persona. Se entiende entonces que el Estado y por supuesta la sociedad tiene la tarea de identificar y derrumbar tales barreras.

Por ello la Convención y su Protocolo facultativo aprobados en el pleno de la ONU en 2006 y signada por sus Estados miembros, como instrumento jurídico internacional que en esos países es incorporada en sus constituciones. Así en México tiene un carácter vinculatorio, es decir obliga al Estado a hacer que se le dé pleno cumplimiento.

La Convención, la Constitución Política de los Estados Unidos mexicano y las constituciones de cada entidad federativa de nuestro país son el marco jurídico del Estado y de sus instituciones para promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Nada más y nada menos. Cumplir sin reticencias, sin escusas, ni retraso esta tarea, que fue acentuada el para sado 3 de diciembre en que se celebró el Dia Internacional de la Personas con discapacidad, que en este año, está enfocado en sensibilizar y comprometer a gobiernos y a la sociedad en el esfuerzo por transformar la educación para hacerla más accesible e inclusiva para personas con discapacidad, especialmente de los infantes, así como de crear entornos mas seguros que les proporcione bienestar y oportunidades de desarrollo.