Ciudad de México, 23 de noviembre.- El Consejo General del INE ha decidido abrir investigaciones de oficio para prevenir la posible infiltración de militantes de partidos en la estructura de los equipos de capacitadores electorales de casilla. La votación resultó con seis votos a favor, cuatro en contra y una abstención.
Los consejeros electorales acordaron incorporar un criterio que responde al principio de imparcialidad en el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de supervisores y capacitadores electorales. Este criterio forma parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral aplicable al Proceso Electoral 2023-2024 y a procesos extraordinarios que puedan derivar de este.
En caso de que un aspirante indique que nunca ha solicitado su afiliación pero aparezca registrado como afiliado a algún partido político, el árbitro electoral iniciará una investigación de oficio. La propuesta busca respetar la presunción de inocencia y la libertad de trabajo de los aspirantes, permitiéndoles competir en igualdad de condiciones.
Según la propuesta aprobada, si un aspirante presenta un oficio de desconocimiento de afiliación y la solicitud de baja de datos personales, la Junta Distrital Ejecutiva notificará que se iniciará un procedimiento sancionador ordinario oficioso para determinar la legalidad o ilegalidad de la afiliación. En caso de comprobarse la afiliación voluntaria, se dará de baja al aspirante del proceso de selección o se rescindirá su contrato.
La Junta Distrital Ejecutiva dará vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para que realice la investigación correspondiente y emplace al partido político y al aspirante para que manifiesten por escrito lo que a su derecho convenga.
En otro punto, el pleno del Consejo recibió un informe de la Comisión de Fiscalización sobre el estado jurídico de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en trámite, sanciones impuestas de 2016 a 2023 y solicitudes de información y su atención por diversas autoridades. Además, se impuso una sanción económica de 62,110.50 pesos a Morena por un escándalo relacionado con la impresión con sobre costos del periódico Regeneración.
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