CD. DE MEXICO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023.- Con 86 votos a favor, la Cámara de Senadores aprobó las reformas al Código Penal Federal, para tipificar y sancionar la filtración de imágenes o difusión de información de víctimas de feminicidios o ilícitos sensibles relacionados con la violencia de género.
El proyecto modifica la fracción XXVIII del artículo 225 de dicho ordenamiento para establecer
que son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos:
Dar a conocer, difundir, entregar, revelar, publicar, transmitir, exponer, remitir, distribuir,
videograbar, audiograbar, fotografiar, filmar, reproducir, comercializar, ofertar, intercambiar,
copiar o compartir, a quien no tenga derecho, imágenes, audios, videos, documentos,
información, indicios, hallazgos, evidencias, objetos, instrumentos o constancias que obren en
una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o
resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales.
Dispone que a quien cometa el delito previsto en esta fracción, se le impondrá pena de prisión
de seis a 12 años y multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización.
Además, plantea un artículo 225 Bis para precisar que a la persona servidora pública que
difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe,
audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie, copie o comparta,
a quien no tenga derecho o facultad para ello, imágenes, audios, videos, documentos,
información, indicios, hallazgos, evidencias, objetos, instrumentos, que obren o se encuentren
en una carpeta de investigación, en un proceso penal o estén relacionados con las
condiciones personales de la víctima o las circunstancias del hecho que la Ley señale como
delito, se le impondrá una pena de seis a 10 años de prisión y una multa de 500 a mil
Unidades de Medida y Actualización.
Y que esta sanción se aumentará hasta en una mitad más, cuando las víctimas u ofendidos
sean niñas, niños, adolescentes, mujeres o que la información corresponda a cadáveres.
Las y los senadores destacaron que este proyecto tiene el propósito de garantizar una vida
libre de violencia contra la mujer en todas sus formas, por lo que busca combatir la violencia
mediática de género y su normalización, al establecer y tipificar como delito que las personas
servidoras públicas filtren o difundan fotografías o información relacionada con una víctima.
Con este tipo de prácticas, aseveraron, se evitan violaciones a la dignidad y derechos
humanos de las víctimas, sus familiares o dependientes, y se garantiza el debido proceso.
Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero,
mencionó que este producto legislativo plantea garantizar la seguridad, intimidad, dignidad,
protección, bienestar físico y psicológico de las víctimas, toda vez que la divulgación de
información e imágenes de las víctimas de algún delito constituyen, claramente, una lesión a
la dignidad de las personas y a la memoria de las víctimas.
Recordó que, en febrero de 2020, se difundieron imágenes del cuerpo de una víctima de
feminicidio en noticieros, diarios, periódicos y en redes sociales, lo que se conoció como el
caso de Ingrid Escamilla Vargas.
Lamentablemente, subrayó, todos y todas fuimos testigos de la exhibición pública del material
visual de su cuerpo, como si se tratará de cualquier noticia cotidiana, lo que laceró
gravemente la dignidad y memoria de su persona y de sus familiares.
Sánchez Cordero indicó que es fundamental reconocer que la justicia en materia penal no
sólo recae en una sentencia, sino también en el respeto irrestricto a la dignidad y memoria de
las víctimas, sean directas o indirectas.
El dictamen, que se remitió a la Cámara de Diputados, menciona que este suceso, puso en el
centro del debate la actuación de las autoridades y personas servidoras públicas, en la
integración de las carpetas de investigación del delito de feminicidio y la falta de probidad en
el manejo de información y material contenido en dichas carpetas, que deberían encontrarse
bajo la debida confidencialidad y reserva.
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