Ciudad Victoria, Tamaulipas (30 de junio de 2023).- Ante el pleno legislativo, se presenta exhortar al presidente de la Mesa Directiva, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, al secretario general, a la titular de la unidad de servicios parlamentarios y al titular de la unidad de comunicación social, todos de este Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, a efecto de solicitarles que realicen las encomiendas propias de su encargo con estricto apego a los principios de imparcialidad e igualdad de condiciones para todos los diputados de las diferentes fuerzas políticas que integramos la 65 Legislatura de este Congreso de Tamaulipas.
Leticia Vargas Álvarez, diputada local y secretaria de la mese directiva, sostuvo en su exposición de motivos que la Real Academia de la Lengua define el término imparcialidad como la falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud; es decir, la ausencia de inclinación en favor en contra de una persona o cosa al obrar o juzgar un asunto.
Como funcionarios y servidores públicos, POR MANDATO DE LEY estamos sujetos a los principios de legalidad, honradez, lealtad, IMPARCIALIDAD y eficiencia. Sin embargo, a pesar de ello, es verdaderamente lamentable que en el desarrollo de actividades de esta 65 Legislatura no exista un respeto y, menos aún, cumplimiento de estos principios por parte de algunos personajes “institucionales”, sostuvo la legisladora local.
Es importante recordar que el Congreso del Estado de Tamaulipas es un órgano colegiado de representación ciudadana que es fundamental para la toma de decisiones que afectan a toda la población del estado; el cual está compuesto por 36 legisladores emanados de diferentes partidos políticos, mismos que gozan, o por lo menos deben gozar de igualdad de condiciones para ejercer las actividades propias de su encargo.
A pesar de lo anterior, lamentablemente algunos de los funcionarios encargados de dirigir, coordinar, facilitar y comunicar las actividades legislativas de este Congreso, han faltado sistemáticamente a su deber de mantenerse imparciales, trabajando en igualdad de condiciones para todas las y los diputados que integramos esta Legislatura, con independencia del instituto político del cual emanamos, comentó.
Vargas Álvarez, enfatizó que en los últimos meses hemos observado con mucha preocupación indicios de parcialidad e inclinación que rayan en el servilismo y la preferencia para cierto Grupo Parlamentario en el desempeño de diversas figuras y funcionarios públicos de este Congreso.
Es alarmante observar esta preocupante tendencia hacia la censura y la limitación del debate, aun y cuando la Ley que rige este Congreso en sus Artículos 19 y 21 establece que: “el presidente de la Mesa Directiva velará por el equilibrio entre las libertades de los legisladores y las diversas formas de agrupación por afiliación partidista, y la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales del Congreso. En todo momento, hará prevalecer el interés general del Congreso por encima de los intereses particulares o de grupo” y “normará su actuación por los principios de imparcialidad y objetividad”.
Otra muestra evidente es cómo desde la presidencia de la Junta de Coordinación Política se ha negado el acceso vía electrónica a las Sesiones Ordinarias a diputadas emanadas de Acción Nacional, aún y cuando a legisladores de Morena se les han brindado todas las facilidades y consideraciones para tal efecto.
Por cuanto hace al secretario general y a la titular de la Unidad de Servicios Parlamentarios, se hace patente la falta de imparcialidad y el trato diferenciado en favor de los diputados de Morena, pues se han dedicado obstaculizar el trabajo legislativo de los integrantes de los Grupos Parlamentarios de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional-
De la misma manera hemos observado la falta de imparcialidad por parte de la Unidad de Comunicación Social, tanto en la difusión de información y en la cobertura mediática de las actividades parlamentarias, como en la omisión de proporcionar materiales para el adecuado ejercicio de nuestra labor como diputados.

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