CIUDAD DE MEXICO, 21 DE MARZO DE 2023.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa (Sedena) por la balacera en Nuevo Laredo del 26 de febrero, en donde murieron cinco jóvenes.
“Del cúmulo de evidencias integradas al expediente de mérito se acredita que cuatro personas servidoras públicas de la SEDENA no se ajustaron a los criterios establecidos, nacionales e internacionales, sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego”, expresó la CNDH.
La recomendación 95VG/2023, dirigida al titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval González, es por las violaciones graves a los derechos humanos a la vida, a la seguridad jurídica e integridad personal, por uso excesivo de la fuerza mediante el uso ilegítimo de armas de fuego, que resultó en la muerte de cinco personas, una lesionada de gravedad y una más ilesa con afectaciones inherentes, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
¿Qué pasó en Nuevo Laredo?
El 26 de febrero de 2023, en calles de la colonia Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre las 04:30 y 4:50 de la madrugada, siete jóvenes circulaban en un vehículo tipo pick-up a exceso de velocidad, según el reporte de la Sedena.
“Por sospecha, fueron seguidos por veintiún personas servidoras públicas (elementos de la Sedena) que se transportaban en cuatro vehículos oficiales mientras realizaban recorridos relacionados con la seguridad pública”, resumió la CNDH.
“Sin que mediara amenaza real en contra de la vida de las personas servidoras públicas o de terceros, mientras le daban seguimiento al vehículo particular, sin emitir previamente comandos de voz, un elemento militar accionó su arma de fuego a la parte trasera del vehículo particular, acción que replicaron tres elementos más para dar apoyo al primer tirador”, agregó
La CNDH recordó que según la indagatoria, en el vehículo no había armas, “los vehículos oficiales no presentaron daños producidos por proyectiles de armas de fuego, que ningún elemento militar presentó lesiones por proyectil de arma de fuego”, lo que permite concluir que los jóvenes no se encontraban armados.
“Por lo anterior, esta Comisión Nacional emitió la Recomendación 95VG/2023, solicitando al secretario de la Defensa Nacional que colabore en el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas de las siete personas agraviadas, incluyendo a los integrantes de sus núcleos familiares, a fin de que se proceda a la inmediata reparación integral del daño, que incluya la medida de compensación, en términos de la Ley General de Víctimas. Además, que se otorgue la atención médica, psicológica y tanatológica que las víctimas directas sobrevivientes e indirectas requieran, la cual deberá ser proporcionada por personal profesional especializado y ajeno a la SEDENA y otorgarse de forma continua hasta que alcancen su sanación, física, psíquica y emocional, atendiendo a su edad, su condición de salud física y mental, y sus especificidades de género”, expresó.
La Comisión de Derechos Humanos pidieron determinar “las responsabilidades en materia penal de los cuatro elementos castrenses señalados como responsables y demás personal militar que la autoridad jurisdiccional y ministerial, en cada caso, determinen como responsables de los hechos en agravio de las siete víctimas”.
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