A partir de la segunda mitad del siglo XX, inició un incremento explosivo de la población mundial, que este 15 de noviembre llegó a 8 mil millones de personas.
Este fenómeno demográfico, ha sido acompañado de un incremento de la longevidad y del envejecimiento poblacional, es decir de un creciente porcentaje de personas mayores de 60 años que hoy es del 10%, es decir 800 millones de adultos mayores.
Al mismo tiempo ha ocurrido un deterioro de la salud colectiva relacionando a pandemias de enfermedades crónico-degenerativas, de las infecciosas emergentes como la del COVID-19, de los accidentes de tránsito y de otras violencias por causas externas.
En México y Tamaulipas también hay una tendencia al incremento del envejecimiento poblacional, de las pandemias de las enfermedades crónico-degenerativas y de las personas con discapacidad.
El censo de 2020 informó que 21 millones de mexicanos (el 16.5%) viven con alguna discapacidad, limitación física o alguna condición mental para realizar sus actividades cotidianas.
En nuestro estado 577 731 de tamaulipecos (16.4%) viven con alguna discapacidad (169 649), otros 386 226 con una limitación para realizar sus tareas cotidianas (11%) y 46 459 con alguna condición mental (1.3%)
En 2022, la población en México de adultos mayores (el 12%) es de más de 15 millones de personas. En Tamaulipas viven cerca de 400 mil personas mayores.
El 50% de las personas con discapacidad son adultos mayores. Solo el 30% tiene jubilación y pensión. La paradoja es que, la población de personas que pueden sostenerlas económicamente y cuidarlas, decrece año con año.
El resultado social, económico y político de esta conjunción de determinantes demográficos y epidemiológicos es que, más de mil millones de personas en el mundo (el 15%), viven en estado de vulnerabilidad con algún tipo y grado de discapacidad, que someten y someterán a los Estados, a la sociedad y al mercado a una enorme demanda no solo de bienes y servicios para satisfacer sus
necesidades actuales y futuras, sino además de cambios de paradigmas y de marcos jurídicos e institucionales.
La respuesta mundial a esta crítica situación y alarmantes macro tendencias se dio hace 30 años, el 3 de diciembre de 1992, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó esta fecha como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, exhortando a todos sus países miembros a reconocer la situación de las personas que viven con esta condición y de los beneficios de incluirlos en todos los aspectos de la vida política, económica, social y cultural.
Este llamado urgente tomó forma concreta hasta 14 años después con la iniciativa del mexicano Gilberto Rincón Gallardo que fructificó en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 por 180 países del mundo integrantes de la ONU.
Esta convención constituye un parte aguas histórico en cuanto instrumento político y jurídico, para el abordaje de la atención integral de las personas en esta condición de vida, bajo la perspectiva del modelo social y de derechos humanos de la discapacidad.
En nuestro país, fue en 2011 que el artículo 1° de la Constitución mexicana incluyó la prohibición de la discriminación por la condición de discapacidad de las personas. En ese año también se promulgó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
En Tamaulipas se estableció en el año 2016 la Ley Estatal de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Es justo señalar que desde marzo de 2022 el Congreso local está trabajando intensivamente con iniciativas de reforma, propuestas por diversos partidos y con la consulta a representantes de personas con discapacidad, que darán mejor respaldo jurídico al cumplimento de los derechos de los tamaulipecos con discapacidad.
Además con base en la reforma constitucional impulsada por el gobierno federal en 2020, que estableció la garantía del Estado mexicano para la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente, el 18 de octubre el gobierno de Américo Villarreal firmó el convenio para incorporar a 28 mil tamaulipecas y tamaulipecos a esta pensión de bienestar.
Durante este inicio del mes de diciembre, se han realizado diversos eventos tanto de gobierno como de la sociedad civil para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2022, bajo el lema: “Soluciones transformadoras para un desarrollo inclusivo: el papel de la innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo”.
Algunos de estos eventos han sido el que organizó el Programa de Atención de Personas con Discapacidad CODIS-UAT, que con su trabajo desde hace varios años ha creado condiciones para dar la oportunidad a estudiantes de licenciatura con discapacidad motriz, visual, auditiva o cognitiva, a fin de que puedan formarse como profesionales en diversas áreas.
Aunque el número de beneficiados es todavía reducido, este proyecto sumado al de educación a distancia en modalidad virtual en carreras como la Licenciatura de Educación y Tecnologías para el Aprendizaje, impartida en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Valle Hermoso, se ha constituido como una alternativa viable para hacer tangible la inclusión educativa de personas con discapacidad, posicionando a la Universidad Autónoma del Estado en la vanguardia nacional en
este campo de los derechos humanos y la inclusión social.
Otra manera de conmemorar esta fecha es impartiendo cursos como los que realizó la Secretaría de Salud del estado, para capacitar sobre el autocuidado y prevención de accidentes y discapacidad, en adultos mayores, precisamente por ser este grupo vulnerable en que se concentra el 50% de las personas con discapacidad en el estado.
Sabemos que la atención integral de las necesidades de las personas con discapacidad por tantos años olvidadas, es muy compleja y que implica desde el enfoque del modelo social grandes esfuerzos y altos costos. También sabemos que una pensión es solo una parte de la respuesta que se espera del Estado, sin embargo reconocemos en el actual gobierno de Tamaulipas su voluntad política y su decisión por hacer los ajustes estructurales que permitan reponer, mejorar y ampliar la gama de servicios que requieren las personas con discapacidad, quienes llevan muchas décadas esperando y luchando para que se despeje su camino para la plena inclusión que les asegure una vida digna y la oportunidad de desarrollarse igual o más que cualquier otra persona sin discapacidad.
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