Tiene que prevalecer el sentido común de los buenos resultados alcanzado en México por las instituciones que, como el INE en las últimas dos décadas a cuidar la democracia, por ello, frente a la innecesaria reforma electoral que se revisará en el Congreso de la Unión, la defensa del INE es obligada.
El sistema electoral mexicano ha funcionado bien y más allá de la confrontación ocurrida en el último decenio con los precursores de la nueva izquierda el avance Legislativo en materia electoral permitió piso parejo para los partidos políticos, financiamiento a prueba de infiltraciones peligrosas, esquemas de selección de candidatos basados en documentos registrados por los partidos políticos ante la autoridad electoral y desde luego la orientación ciudadana todas las acciones realizadas por el INE.
Defender al Instituto Electoral, es una necesidad para que los procesos de elección no se compliquen y deriven en conflictos postelectorales en los cuales siempre se pierde un mucho de tranquilidad social, política y económica, dado que las repercusiones negativas alcanzan todos los sectores.
Sin el INE parecerá la inestabilidad en el país y ello repercutirá en el crecimiento y desarrollo, por ello es que, los grupos políticos y sociales que están decididos a mitigar el alcance de la reforma electoral pretendida por los legisladores que son mayoría en el Congreso de la Unión, por ello se habla mucho en estos días de negociaciones entre dirigentes de partidos políticos y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
Son los Senadores y Diputados del Partido Movimiento Ciudadano los más molestos con todo aquello que acontece en torno a la pretendida reforma electoral y como nadie les habla para colaborar, están en contra de todo, sin embargo, el tamaño de sus bancadas en el Congreso de la Unión y es escaso alcance que tienen como organización política, no les da para mucho.
Desde la perspectiva ciudadana, el INE es de las mexicanas y mexicanos, primero, porque sus resultados tienen un alto grado de credibilidad y la inclusión de las personas en la recepción y el conteo de los votos en cada elección organizada por el Instituto, da confiabilidad a los números logrados por cada candidato.
Esto es, el que gana gana y el que pierde pierde, no le hace que los Tribunales Electorales tarden en dar su veredicto respecto a los medios de impugnación que se presenten.
Otra cosa que tiene en contra la reforma planteada para estas fechas es que los ciudadanos traen en su bolsa al INE y no verán con agrado que se los quiten, porque es suyo, es decir, como portadores de una credencial para votar con fotografía que además sirve de identificación personal, cada persona trae un pedacito del INE consigo y eso, es suficiente para que haya una gran defensa de la institución.
Por otro lado, el hecho de que el secretario de Gobernación intervenga para ayudar en la confección de la reforma electoral, deja una lectura relevante, la prevalencia de la institución que organiza las elecciones, no le hace que se hagan ajustes al asunto del dinero usado en el INE, mismo que, aunque cuestionado está bien invertido porque la tranquilidad política del país no tiene precio.
Los otros.
El asunto de las Notarías dadas al vapor al final de la administración estatal anterior da todavía para mucho desde el momento que cada Fiat es estudiado a fondo y hay razonamiento para emitir la cancelación.
Es el caso de dos más, la que le dieron a Mirna Mireya Sánchez Capacho en el primer Distrito Judicial del Estado y la de Flavio Eliel Ramírez Chapa en el XIV Distrito, esto es, corrieron la misma suerte que el licenciado Alfredo Treviño Salinas del Distrito Judicial de Río Bravo ya que, en los tres casos no cumplieron con los requisitos previsto en la Ley del Notariado.
En un Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado se da a conocer la anulación de las Notarías y de acuerdo con la información solo había en el caso de ella, la recomendación del licenciado Claudio Díaz Castaño, quien fuera titular del área jurídica de la abogada Pilar Gómez de Bello cuando fungía como alcaldesa de Ciudad Victoria y en el caso de él, le habían dado la Notaría porque era el abogado del PAN en el municipio de Valle Hermoso.
La Consejería Jurídica del gobernador de la entidad y la secretaría General de gobierno a través de la Dirección de Notarías, tienen a raya este asunto, todas las Fiat que fueron otorgadas en el pasado mes de septiembre están en investigación bajo lupa.
Pero, no solo Notarías deben de investigarse, también concesiones para rutas de transporte, taxis, instituciones de educación privadas, empresas de seguridad, permisos para la operación de casinos, establecimientos que venden bebidas alcohólicas, compra de reservas territoriales, donación de predios y desde luego las miles de plazas que repartieron de último momento, en el entendido de que, todas son reversibles y pueden cancelarse sin problema alguno.
Todo es que, la secretaría General de Gobierno lleve a cabo una buena investigación, en virtud de que, es de allí de donde salen la mayoría de las concesiones, Fiat y autorizaciones otorgadas a ciudadanos que fueron favorecidos por la administración panista.
Discussion about this post