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Planeación Nacional para la Democracia Participativa

¿Odres viejos, para vino nuevo?

Por: Gerardo Flores Sánchez
octubre 26, 2022
in Opinion
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El Sistema Nacional de Planeación Democrática

El modelo vigente para Planeación del Desarrollo Nacional bajo la rectoría del Estado, tuvo como antecedente la crisis económica nacional que empezó a gestarse en los años 70’s y se complicó en crisis social, en el contexto de la crisis del petróleo a nivel mundial. Primero con el embargo de las exportaciones petroleras por parte de los países árabes la OPEP en 1971, que cerró la llave del petróleo al occidente. Luego en 1979 con una segunda crisis petrolera por la Guerra Irán-Irak.

La crisis con inflación, estancamiento de la producción y endeudamiento, se extendió a las economías dependientes de la de EEUU, como la de México.

Esta situación abrió el camino para la injerencia de los organismos financieros y comerciales internacionales, para el establecimiento e implementación progresiva de reformas estructurales profundas de la que como instrumento político administrativo, pasó a formar parte una planeación acorde a la economía liberal y neoliberal, en la que el mercado logró hegemonía sobre el Estado nacional, tal como ocurrió en otros países de la Región Latinoamericana.

Sus contexto internacional

La combinación de crisis nacional e internacional, planteó el dilema del rumbo que tomaría nuestro país: entre seguir con una economía mixta dominada por un Estado nacionalista, paternalista, autoritario y corrupto o virar a un Estado abierto al proceso de la globalización económica dictada por el mercado internacional.

Al arribar a la presidencia Miguel de la Madrid el 1º de diciembre de 1982, decidió que el único camino posible era el segundo. Esto no fue casual porque en ese mismo año Margaret Thatcher en su alianza política y personal con Ronald Reagan mostro la línea dura que caracterizaría al neoliberalismo en lo ideológico (“no existe lo social, sino hombres y mujeres individuales y familias), en lo anti sindical (“los sindicatos son el enemigo interior”; suprimió el derecho a huelga), en política económica a favor del capital (el capital financiero no debe titubear en imponer los “ajustes” necesarios para recuperarse de la caída de la tasa de ganancia y volver a ser competitivos), de la privatización (vendió la petrolera estatal, British Petroleum), en la aplicación de la guerra al interior y al exterior para generar la unidad nacional en torno sus policías duras, tal como ocurrió en 1982 cuando Inglaterra apoyada por EEUU, emprendió una Guerra contra Argentina por el conflicto de la Malvinas.

Con todas muestras, para De la Madrid no había duda entonces, sobre quien ejercía el poder mundial y que doctrina económica imperaba en el mundo.

Así, promovió la reforma del Artículo 26 de la Constitución para dar base legal a la rectoría del Estado en la integración de un Sistema Nacional de Planeación Democrática, del cual se derivarían el Plan Nacional de Desarrollo y los correspondientes Planes Estatales y Municipales.
La ley reglamentaria de esta disposición constitucional, fue precisamente la Ley Nacional de Planeación y las Leyes estatales en cada entidad.

La gran crisis de los años 80´s

En 1977, bajo los lineamientos con que el Fondo Monetario Internacional (FMI) condiciono a México para otorgarle créditos, el manejo de la economía logró mantener la inflación abajo del 20%, se evitó la fuga de capitales, aumentaron las exportaciones crecieron resultando en una balanza comercial positiva y un déficit del 50% en la cuenta corriente. El peso estaba a 22.74 por dólar.

Sin embargo la economía estaba petrolizada, la extracción de ese hidrocarburo llegó a 210 millones de barriles al año, por arriba del récord de 193 millones que tuvieron las empresas petroleras extrajeras en 1921. México tuvo en 1976 ingresos de 1029.4 millones de dólares (MDls) y de 16 447 MDls, contribuyendo a saturar el mercado de oferta petrolera. El gobierno se endeudo sin control, aumentando su deuda en 1982 a 58,874 MDls, que representaba el 91.57% del PIB.

En 1981, los altos precios del petróleo de la mezcla mexicana cayó a 31 Dls por barril. La economía mexicana se derrumbó, el endeudamiento se hizo agobiante sin capacidad para pagar sus intereses, la inflación se disparó, la fuga masiva de capitales se disparó.

Con el gobierno de Miguel de la Madrid la crisis se agudizó. El terremoto del 19 de septiembre de 1985, empeoró la angustia de los mexicanos, con un presidente paralizado por esa catástrofe. En 1986 el precio del petróleo nacional bajo aún más, a 11 Dls por barril. Además en 1987, después del boom” de la Bolsa de Valores, que animó a millones de mexicanos a poner sus ahorros en ella, sobrevino en una tragedia cuando quebró la bolsa y sus inversores funcionados perdieron todo. La inflación del 100%, la fuga de capitales, la devaluación, la caída en 1983 del PIB al -3.49% y el recrudecimiento de la corrupción y la impunidad, fue el colofón de esta megacrisis económica.

Implicaciones del Modelo de Planeación mexicano

Este fue el contexto en que Miguel de la Madrid en 1982 impulso la Ley de Planeación Nacional que dio base jurídica al actual Sistema Nacional de planeación Democrática y de todas las disposiciones que buscar ordenar, racionalizar

El mismo De la Madrid en la presentación de su Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, afirmó que fue “elaborado en el contexto de la crisis económica más seria que haya enfrentado el país en su historia moderna y en el marco de graves problemas mundiales”.

Los objetivos de su gobierno, de su modelo de planeación nacional de desarrollo, de la ley nacional que le da sustento jurídico y del sistema nacional para implementar los Planes Nacionales de los siguientes presidentes, no solo fue para superar la crisis de su sexenio, sino sobre todo para materializar íntegramente la reorientación y el cambio estructural en la nueva era de sexenios neoliberales ante la hegemonía unipolar del nuevo orden mundial surgido en los 80´s con la implosión del bloque del socialista soviético.

Para este nuevo México en construcción posterior a su demolición, propuso un definición de democracia que etiquetó como “integral” que se compromete en la protección del ciudadano frente al poder, a garantizar su igualdad ante la ley y la sujeción de todo acto de autoridad al régimen de Derecho, que beneficie a la sociedad, sin lesionar los derechos individuales, destacando al “individuo” y a la “sociedad civil”. El poder estaría controlado por la Constitución, las organizaciones políticas y la opinión pública.

Con estas nuevas reglas, a los grupos de poder les bastó comprar o dominar el sistema de partidos, los medios de comunicación y hacer todas las modificaciones constitucionales que le convinieran, para apoderarse de México.

En lo social reconoció y promovió la emergencia de nuevos ámbitos de “solidaridad”, como el del consumo de bienes, el del uso de servicios, de la atención de una función y del aprovechamiento de espacios urbanos, entre otros.

La relevancia que en el régimen estatista anterior se daba a los ciudadanos y a los grupos sociales, fue sustituida por la que se otorgaría a residentes, usuarios, consumidores y productores.

En el lenguaje del texto de la presentación de su Plan de Desarrollo, no hay nada oculto de sus intenciones: todo gira entorno a salir de la crisis, entregándose al mercado.

¿Falta un nuevo Modelo de Planeación?

Cuando empezaron a hacer crisis, las políticas derivadas de este modelo de planeación (y del modelo económico que impulsa), se agregó en 2015 al artículo 21 de la Ley de Planeación; “considerar una visión a largo plazo de la política nacional de fomento económico, con el fin de impulsar elementos permanentes al desarrollo nacional y al crecimiento económico, sostenido y sustentable” con un horizonte de hasta 20 años para la política nacional que el presidente saliente estableciera. Esto pese a que originalmente la ley señalaba que el plan de desarrollo de cada sexenio tendría una temporalidad acorde a la duración de cada gobierno y que no podría extenderse al siguiente de manera obligada.

Como las crisis son las que generan los cambios y no se suprimen por decreto, ni quitando o agregando el artículo a una ley, no se pudo evitar la alternancia a un gobierno que busca una nueva ruta política para lograr el pospuesto bienestar de las mayorías y una manera distinta de conducir la rectoría del Estado en el desarrollo económico social de México.

La pregunta es si este modelo de Planeación del Desarrollo Nacional que arrojó a México en los brazos del mercado y de sus élites, podrá ser útil todavía si deja de ser simulado (un buen documento orientativo) y se aplica fielmente como lo dice la ley. O si el proceso de cambio en que se encuentra México y la mayoría de sus entidades federativas, requiere también de un nuevo modelo de planeación de su desarrollo nacional y estatal.

Si es así, ¿Hasta cuándo y de qué manera podrán empezarse a usar odres nuevos para el vino nuevo?

 

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