CD. DE MEXICO, 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022.- Las y los integrantes de las distintas fuerzas políticas, representadas en el Senado de la República, fijaron su postura sobre el proyecto para que la Secretaría de la Defensa Nacional ejerza el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.
Al inicio del debate, el senador Julen Rementería del Puerto, del PAN, presentó una moción
para retirar el dictamen y discutir la propuesta, de manera profunda, en un Parlamento
Abierto; sin embargo, dicha petición fue rechazada con 65 votos en contra y 49 a favor.
En la presentación del documento, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez
Cordero, indicó que con las reformas se busca encontrar claridad en la línea disciplinaria,
facilitar el ejercicio del mando y afianzar el espíritu que el cuerpo policial requiere, a fin de dar
respuesta al problema de seguridad.
La legisladora enfatizó que la aprobación del dictamen “en ningún momento puede ser
entendida como un cheque en blanco para la Guardia Nacional y sus mandos”, pues el
Senado debe analizar y aprobar la estrategia del cuerpo policial, así como darle seguimiento a
su desempeño.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Rafael Espino de la Peña,
indicó que las reformas forman parte de las acciones concretas que se deben adoptar como
Estado, para combatir y abatir los altos índices de inseguridad del país, pues están
encaminadas a salvaguardar la vida, libertades, integridad y patrimonio de las personas.
Transferir el control administrativo y operativo, agregó, actualmente adscrito a la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, a la Defensa Nacional, constituye un reconocimiento del
Ejecutivo federal para ajustar la estrategia de la seguridad pública.
Luego se presentaron siete votos particulares, por parte de los senadores Miguel Ángel
Mancera Espinosa, del PRD; Claudia Ruiz Massieu Salinas, PRI; Manuel Añorve Baños, del
PRI; German Martínez Cázares, del Grupo Plural; dos del senador Noe Castañón y uno de la
senadora Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano.
Las y los senadores que plantearon estas propuestas advirtieron que estas reformas “caerán
como fichas de dominó” cuando se les realice “la prueba constitucional”; y que cancelan la
posibilidad de contar con un cuerpo de seguridad civil de alcance nacional fuerte y confiable,
pues “la militarización no es la respuesta”.
Al fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, el senador Navor Alberto Rojas
Mancera, aseguró que el espíritu del proyecto es profesionalizar a la Guardia Nacional, ya que
actualmente no hay infraestructura, armas, ni gente preparada en las policías estatales y
municipales, para hacer frente al crimen organizado.
Damián Zepeda Vidales, senador de Acción Nacional, señaló que la militarización no dio
resultados durante las administraciones anteriores, por lo que es incomprensible que este
gobierno tenga el doble de integrantes de las Fuerzas Armadas desplegados en territorio
nacional: “no, señor Presidente, no le vamos a permitir que militarice este país”, sentenció.
La senadora Claudia Edith Anaya Mota, de la bancada del PRI, afirmó que el proyecto es
inconstitucional y desvirtúa el propósito fundacional de la Guardia Nacional. “Con este cambio
de paradigma -sostuvo-, no sólo están traicionando los acuerdos del Senado de la República,
sino también su supuesta lucha histórica”.
El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, consideró que “es una
reforma inútil”, que no sirve a la sociedad, no fortalece a la corporación ni a las policías
locales, al contrario, “se está desnaturalizando y debilitando”.
Por el PVEM, el senador Manuel Velasco Coello afirmó que gobernadores de todos los
partidos políticos apoyan a la Guardia Nacional, porque su labor es indispensable para
garantizar la seguridad en sus estados, “por lo que sería preocupante que no la dotáramos de
mayores instrumentos para que puedan proteger a la ciudadanía”.
De Encuentro Social, la senadora Sasil de León Villard hizo un llamado a sus compañeros a
no negar la historia ni a ignorar las políticas fallidas de seguridad: “convoco a todos los grupos
parlamentarios a consolidar una política de seguridad, que garantice la protección a la vida y
un Estado que cuide y defienda a su pueblo”.
El senador Alejandro González Yáñez dijo que el PT votará por la pacificación de México, por
la Guardia Nacional, por las Fuerzas Armadas, y por la estrategia de seguridad pública del
presidente, “porque no es verdad que se esté militarizando al país, pues en el México de hoy
no se violan los derechos humanos”.
Juan Manuel Fócil Pérez, senador del PRD, afirmó que es fundamental respetar la
Constitución Política y mantener a la Guardia Nacional como un cuerpo civil, “por lo que hago
votos por la congruencia política de la mayoría legislativa y evitar la militarización de los
cuerpos de seguridad pública”.
El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza Longoria, consideró que “la prisa” por
aprobar las reformas es porque al Presidente “le urge” que, para el 16 de septiembre, la
Guardia Nacional esté en el Ejército para que participe en un desfile.
Luego de las intervenciones de los Grupos Parlamentarios, para fijar su postura en torno al
dictamen, las y los senadores dieron paso a la discusión, en lo general, de las reformas.
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