CD. DE MEXICO, 25 DE JULIO DE 2022.- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseveró que es urgente homologar el delito de feminicidio en todo el territorio nacional para evitar la obstaculización de la judicialización de estos crímenes e inhibir esta problemática que afecta al país.
Durante la serie de Diálogos Parlamentarios, “Iniciativa de tipo penal de feminicidio”, la
senadora aseveró que contar con un tipo penal único, así una como una solución ágil y
respetuosa del régimen constitucional que contribuya a la nueva forma de protección de la
dignidad de las mujeres, es más que necesario.
La legisladora de Morena recordó que a principios de este mes presentó, en colaboración con
la senadora Gabriela López Gómez, una iniciativa en la materia, la cual busca combatir la
impunidad y prevenir cualquier posible error en la integración de las carpetas de investigación
derivado de las diferencias que hay entre los códigos penales estatales.
La propuesta reforma el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para establecer criterios que permitan a las autoridades de todos
los estados utilizar los mismos parámetros de razonamiento y argumentación para investigar y
sancionar este delito.
Además, busca que las autoridades puedan contar con un parámetro de razonamiento y
argumentación, es decir, elementos normativos idénticos que les permitan impedir cualquier
resquicio de imparcialidad o error en la integración de las carpetas de investigación.
Sánchez Cordero aclaró que no se realiza una reforma constitucional porque es un camino
más largo, en el cual se pueden enfrentar a más resistencias. Por ello, dijo, se decidió
reformar la Ley General, pues es el camino más adecuado y rápido.
La senadora detalló que los feminicidios aumentaron un 137 por cientos entre 2015 y 2021; de
ellos, el 97.7 por ciento no son denunciados, ya que las autoridades se han quedado cortas
para hacer justicia debido a que la forma en que se tipifica el delito varía en las entidades
federativas.
A su vez, la presidenta de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a los casos de
feminicidio de niñas y adolescentes, senadora Gabriela López Gómez, indicó que este grupo
de trabajo tiene el objetivo de promover la homologación de este delito en el marco normativo
de las 32 entidades federativas.
La propuesta de reforma, detalló, busca establecer un tipo penal único en la Ley General de
Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia que aplique en todo el territorio nacional.
Además, busca unificar la pena en todas las entidades federativas para que se establezca
una sanción de 40 a 60 años de prisión.
La pena se agravará hasta en una tercera parte cuando la víctima sea menor de edad,
cuando el delito fue cometido por dos o más personas o cuando sea cometido en presencia
de alguien con quien tenga un vínculo de parentesco.
La legisladora de Morena reconoció que esta reforma no erradicará esta problemática, pero si
ayuda a contar con una legislación más robusta y uniforme; “la ley no es suficiente, pero sin
ella no es posible empezar a resolver los problemas”. Además, dijo que la educación es el
siguiente paso, por lo que confió en que se pueda cambiar la conciencia de la sociedad.
Fabiola Alanís Sámano, comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres señaló que en Gobierno Federal están conscientes que los contextos criminales
de cada entidad contribuyen a que se marquen diferencias.
Las diferencias en la tipificación, los protocolos, los manuales y las formas de investigar el
feminicidio, denunció la funcionaria, son la base de la desigualdad y de la imposibilidad de
acceder a la justicia.
Por ello, celebró la presentación de la iniciativa elaborada por las senadoras Olga Sánchez
Cordero y Gabriela López Gómez, ya que erradicar la violencia en contra las mujeres es uno
de los grandes desafíos de la sociedad.
Nadine Gasman, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), pidió poner un
alto a las agresiones feminicidas y a la impunidad de este crimen en todo el país, toda vez
que siete de cada 10 mujeres sufrieron violencia alguna vez en su vida y 73 por ciento se
siente insegura al salir a la calle.
“Tan sólo de enero a junio de 2022 se registraron mil 891 muertes violentas de mujeres, de
ellas 147 eran niñas y adolescentes”, puntualizó.
La directora del Inmujeres aseguró que se necesita incentivar la permanencia del diálogo y la
reflexión crítica y constructiva respecto al feminicidio y su tipificación en cada uno de los
estados, además de dotar de presupuesto suficiente y específico a las instituciones públicas
encargadas de investigar y atender estos delitos.
A su vez, Pilar Barros, coordinadora del Grupo Interinstitucional de Estrategias Contra la
Violencia, de la secretaría de Gobernación, aseveró que es importante que el tipo penal no
sea el obstáculo para que las mujeres accedan a la justicia.
Tener una homologación nacional y poder crear todo un cuerpo de sentencias y una
metodología de investigación en las entidades es la mejor manera para combatir este flagelo
que desgarra el tejido social, mencionó.
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