CD. DE MEXICO, 28 DE JUNIO DE 2022.- La reunión que sostendrán el próximo 12 de julio en Washington D.C. los presidentes de México y Estados Unidos permitirá hacer un primer balance de los compromisos asumidos por 20 naciones del continente en la Declaración sobre Migración y Protección al término de la IX Cumbre de las Américas, el pasado 10 de junio.
En el documento, los presidentes asistentes y representantes de Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, se comprometieron a fortalecer los esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos a fin de crear las condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular, así como fortalecer los marcos necesarios para la protección y cooperación internacional.
Nos comprometemos a proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, independientemente de su calidad migratoria, y a respetar sus derechos humanos y libertades fundamentales. Prevemos cooperar estrechamente para facilitar una migración segura, ordenada, humana y regular y, conforme proceda, promover los regresos seguros y dignos, de forma coherente con la legislación nacional, el principio de no devolución y nuestras respectivas obligaciones en virtud del derecho internacional”.
Reconocieron que los retos sanitarios, sociales y económicos relacionados con la pandemia exacerbaron las causas que impulsaron la migración irregular.
En la Declaración de Los Ángeles, los gobiernos asumen cinco compromisos: promover la estabilidad y la asistencia para las comunidades de destino, origen, tránsito y regreso; las vías regulares de migración y protección internacional; una gestión humana de la migración; una respuesta de emergencia coordinada y lograr un Enfoque común para reducir y gestionar la migración irregular.
La lista de cinco vías de acción incluye la convocatoria a los bancos multilaterales de desarrollo, a las instituciones financieras internacionales y a los donantes tradicionales y no tradicionales para examinar instrumentos de apoyo financiero para los países que acogen a poblaciones migrantes y que enfrentan otros desafíos en materia de migración, sin perjuicio de las prioridades y los programas de financiación existentes.
También, mejorar los mecanismos de cooperación regional para la cooperación en materia de cumplimiento de la ley, el intercambio de información, la gestión de las fronteras que tengan en cuenta la protección, los regímenes de visado y los procesos de normalización, conforme proceda y de conformidad con la legislación nacional.
De igual forma, reforzar y ampliar las vías de migración laboral temporal, según sea viable, que beneficien a los países de la región, incluso mediante nuevos programas que promuevan las conexiones entre empleadores y trabajadores migrantes.
Adicionalmente, mejorar el acceso de todos los migrantes y refugiados a los servicios públicos y privados para promover su plena inclusión social y económica en las comunidades de acogida, así como ampliar el acceso a las vías regulares para los migrantes y los refugiados para que incluyan las opciones de reunificación familiar, cuando sea adecuado y viable, de conformidad con la legislación nacional.
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